LLa Corte Suprema suspendió una decisión judicial que impedía al gobierno deportar migrantes a terceros países sin el debido proceso, argumentando que tales deportaciones violaban protecciones constitucionales.

La jueza Sotomayor criticó la decisión de la Corte, afirmando que "recompensa la ilegalidad" y acusando a la administración Trump de "desobedecer abiertamente" órdenes judiciales previas. Según Sotomayor, la Corte intervino para conceder al gobierno una exención de emergencia de una orden que este había desafiado repetidamente. La Corte no justificó su decisión.

Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN, destacó la importancia de este fallo junto con decisiones recientes que permitieron a la administración Trump cancelar el estatus de protección temporal para cientos de miles de venezolanos y el parole para otros migrantes. Vladeck señaló que la Corte ha facilitado la deportación de hasta un millón de migrantes que antes no lo eran, permitiendo al gobierno deportarlos a cualquier país que los acepte, sin garantías de debido proceso ni consideración por el trato que puedan recibir.

El caso ha generado controversia tras revelaciones de que inmigrantes, inicialmente destinados a Sudán del Sur, estaban detenidos por EE.UU. en Yibuti, incomunicados y en condiciones precarias. Organizaciones humanitarias describen la situación en Sudán del Sur como grave, con inseguridad alimentaria, inestabilidad política y violencia.

En mayo, una corte de apelaciones rechazó la solicitud del gobierno de suspender el fallo que detuvo la política, en medio de planes para enviar inmigrantes a Libia, país criticado por el trato a los detenidos y su inestabilidad. Funcionarios libios negaron cualquier acuerdo para aceptar deportados.

El gobierno argumentó que la orden judicial que exige dar oportunidad de alegar temor a la tortura excede los límites legales y complica la política exterior, afirmando que los migrantes enviados a terceros países tienen antecedentes penales graves. Abogados de los migrantes refutaron esta afirmación, señalando que muchos no tienen condenas penales.

El tema central es la Convención contra la Tortura, que prohíbe la deportación a países donde exista posibilidad de tortura. La ley es ambigua sobre cómo debe determinarse esto y qué derechos de proceso corresponden al migrante. La administración Trump sostiene que, si recibe "garantías" de un gobierno extranjero de que el migrante no será torturado, no tiene que notificar al migrante.

Grupos de defensa de los migrantes argumentan que, en algunos casos, el aviso ha sido de menos de 24 horas. El juez Murphy consideró insuficiente ese plazo y ordenó al gobierno dar 10 días para presentar la reclamación y 15 días más para impugnar una negativa. Este cronograma fue impugnado por la administración Trump, alegando que usurpa "esfuerzos diplomáticos, de política exterior y de seguridad nacional sensibles".

Trump ha presentado múltiples apelaciones de emergencia ante la Corte Suprema, la mayoría exitosas, incluyendo varias sobre inmigración. La Corte apoyó sus esfuerzos para terminar el estatus de protección temporal y el parole humanitario. Sin embargo, la Corte también ha bloqueado repetidamente intentos de Trump de acelerar deportaciones sin debido proceso.