La Legislatura de Mendoza transfirió a las municipalidades el control de los árboles ubicados en calles, rutas y plazas.
La ley, que no contó con el apoyo del Partido Justicialista, fue aprobada con 33 votos a favor y 9 en contra.
La modificación de la ley N° 7874, impulsada por el oficialismo, busca otorgar mayor autonomía operativa y técnica a los intendentes, bajo lineamientos ambientales, a través de la descentralización. Para ello, se retomó un proyecto de 2024 del senador Marcelino Iglesias que planteaba la necesidad de agilizar el proceso de autorización municipal para la extracción de árboles.
La propuesta resurgió en la Legislatura tras la tormenta histórica de febrero en Mendoza y la trágica muerte de una mujer por la caída de un árbol el año anterior. La nueva ley fue sancionada finalmente en la Cámara de Diputados este mediodía.
El proyecto aprobado transfiere la jurisdicción exclusiva del arbolado en calles, rutas y plazas municipales a los municipios. Anteriormente, las municipalidades debían solicitar autorización al Ejecutivo para la extracción de árboles, un proceso que podía demorar meses.
Los intendentes deberán presentar un Plan de Manejo Integral del Arbolado cada cuatro años ante la Provincia, con informes de ejecución anuales, enfocándose en una planificación ambiental más amplia que promueva la transición al policultivo para evitar la devastación de grandes áreas verdes por plagas.
La reforma establece la incorporación de especies con copas más pequeñas y un mantenimiento económico mediante "poda mínima" para reducir residuos y optimizar la sombra según la orientación solar, buscando eficiencia hídrica.
La Subsecretaría de Ambiente, a través de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, será la autoridad de aplicación para jurisdicciones provinciales y nacionales, mientras que cada municipio designará su propia área responsable.
La Provincia tendrá las siguientes atribuciones: impulsar medidas para integrar los oasis regionales en el control y protección del arbolado público; implementar programas obligatorios de educación ambiental en escuelas públicas; y brindar asesoramiento para la valorización y mantenimiento del arbolado y sus sistemas de riego. Además, promoverá el arbolado público mediante campañas de concientización y el uso de herramientas económicas, jurídicas y comunicacionales, involucrando a sectores productivos y comerciales.