La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto por 149 votos a 100, sin abstenciones, y lo giró al Senado. Desde Mendoza acompañaron ocho legisladores; los dos rechazos fueron del peronismo.
En una sesión atravesada por cruces y posiciones irreconciliables, Diputados dio media sanción al proyecto de Régimen Penal Juvenil, cuya modificación central es bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. La votación terminó 149 a 100, y el debate ahora se trasladará a la Cámara alta.
En el caso mendocino, 8 de los 10 representantes acompañaron el dictamen. Votaron afirmativamente los legisladores de La Libertad Avanza (Luis Petri, Álvaro Martínez, Mercedes Llano, Facundo Correa Llano y Julieta Metral Asensio), los radicales "con peluca" Lisandro Nieri y Pamela Verasay, y Lourdes Arrieta (Provincias Unidas). En contra se pronunciaron los peronistas Emir Félix y Martín Aveiro.
Durante el tratamiento, solo tres mendocinos hicieron uso de la palabra: Martínez, Verasay y Arrieta. El diputado libertario sostuvo que la discusión no debería reducirse a una cuestión etaria, sino al rol del Estado frente a delitos graves y a la impunidad, y protagonizó un cruce en el recinto con Juan Grabois.
Verasay, por su parte, planteó que el Congreso arrastra una "deuda" desde el régimen vigente de 1980 y que el proyecto busca actualizarlo a estándares actuales, aunque remarcó que no se trata de una solución automática para el problema de la inseguridad. Arrieta justificó su respaldo en la necesidad de combinar responsabilidad penal con herramientas de reinserción y reparación.
Más allá del cambio de edad, el texto aprobado prevé un abanico de sanciones alternativas a la prisión, refuerza el criterio de no mezclar menores con adultos en lugares de detención, elimina la perpetua para adolescentes y fija un tope de 15 años. También incorpora un capítulo de financiamiento para su implementación: más de $20.000 millones para la Defensoría General y más de $3.000 millones para el Ministerio de Justicia.