El Gobernador explicó que la nueva norma prevé la intervención del Ianiglia para revisar e inventariar las áreas donde se proyecten actividades, pero afirmó que Mendoza ya aplica controles similares, superando incluso la nueva ley. Estos mecanismos están integrados en el Código Minero y en las declaraciones de impacto ambiental aprobadas por la Legislatura en 2024 y 2025, como el caso de PSJ Cobre Mendocino.

Cornejo añadió que la modificación de la ley es innecesaria para Mendoza, pues su legislación actual ya cubre esos aspectos. Criticó la ley como una medida "pour la galerie", señalando que el inventario de glaciares nunca se realizó en los 15 años transcurridos desde su promulgación. Aseguró que en Mendoza, las declaraciones de impacto ambiental siempre incluyen el inventario y ningún proyecto se ubica en zonas glaciares o periglaciares. Estas declaraciones fueron hechas tras la inauguración del Centro de Monitoreo integrado de Luján de Cuyo.

El Gobierno nacional busca modificar la Ley de Glaciares para "ordenar el marco normativo, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un federalismo ambiental compatible con la Constitución". Argumentan que el artículo 41 protege el ambiente sin impedir el desarrollo, y el artículo 124 reconoce el dominio provincial sobre los recursos naturales. Buscan fortalecer el rol de los gobiernos locales en la evaluación de impacto ambiental, reconociendo su capacidad técnica y promoviendo la articulación con el Inventario Nacional de Glaciares.