El Jurado de Enjuiciamiento ha decidido proceder con la causa contra Romina Crisafulli Menéndez, defensora pública, y suspenderla de su cargo en la Defensoría Oficial Penal de Primera Instancia de Adultos de San Rafael, perteneciente a la Segunda Circunscripción Judicial.

La decisión se basa en acusaciones de mala conducta, mal desempeño y reiteradas ausencias. Varias denuncias sustentan estos cargos, alegando un patrón de serias irregularidades en su conducta profesional.

Según la presentación de la Defensora General Cecilia Saint André, Crisafulli presentó reiteradamente certificados médicos inválidos firmados por un médico no autorizado, Héctor Rodríguez Medina. Otras acusaciones incluyen numerosas ausencias injustificadas, denuncias de maltrato hacia colegas y personal del juzgado, y el abandono de su residencia en San Rafael sin notificación formal, un requisito para su circunscripción.

El expediente del caso indica que Crisafulli, tras ser dada de alta médica en mayo de 2024, continuó trabajando de forma remota. Sin embargo, ese mismo mes, se mudó de San Rafael mientras gestionaba el traslado escolar de su hijo a Mendoza, lo que sugiere un plan previo para cambiar su residencia principal y luego solicitar un traslado al Consejo de la Magistratura. Durante su período de trabajo remoto, múltiples ciudadanos presentaron quejas citando daños específicos a su defensa legal.

Las irregularidades empeoraron a fines de octubre de 2024 cuando Crisafulli presentó nuevos certificados médicos, también del médico no autorizado, alegando diagnósticos de herpes zóster y neuralgia postherpética. La Junta de Salud Laboral de OSEP rechazó ambos, habilitándola para el trabajo presencial. A pesar de esto, se negó a regresar a trabajar a San Rafael y continúa presentando certificaciones cuestionables, ignorando las notificaciones por ausencias injustificadas. Con base en esta evidencia, el Jurado decidió proceder con el proceso disciplinario y suspenderla durante la investigación.