Hasta ahora, solo ARC Energy presentó su oferta. Es el primer caso de privatización bajo la presidencia de Javier Milei.
Javier Milei llamó a licitación pública nacional e internacional para vender el 100% de las acciones clase C (estatales) de IMPSA S.A..
Lo hizo a través de una publicación que formaliza el secretario de Coordinación de Producción, Juan Alberto Pazo, en el Boletín oficial de la Nación.
Así, la privatización de la histórica empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA) avanza rápidamente. El plazo para la presentación de las ofertas quedó abierto desde este 1 de octubre, hasta el 31, día en el que se llevará a cabo la apertura de sobres en un acto público.
El Senado de Mendoza ya había aprobado el proyecto de ley que autoriza la venta del 21,2% de las acciones que posee la provincia, un paso fundamental para concretar la transferencia total de la compañía al sector privado.
IMPSA es una de las empresas más importantes de Argentina en el sector metalúrgico y energético, con participación clave en proyectos hidroeléctricos, parques eólicos, energía nuclear y equipamiento para la industria petrolera y de gas. Actualmente, el Estado nacional posee el 63,7% de las acciones, mientras que la provincia de Mendoza mantiene el 21,2%. El resto de los títulos se distribuyen entre acreedores y la familia Pescarmona, fundadora de la compañía. Con esta aprobación se da un paso decisivo hacia la privatización total de la empresa, cuya deuda supera los 500 millones de dólares.
La compañía estadounidense ARC Energy fue una de las primeras en manifestar públicamente su interés en adquirir parte de las acciones de IMPSA, ofreciendo una capitalización inicial de 30 millones de dólares. Sin embargo, otros posibles inversores internacionales, incluyendo empresas de Brasil, Alemania y España, también expresaron interés en participar en la licitación.
Uno de los principales criterios que evaluarán las autoridades será el plan de negocios de los interesados, que deberá asegurar la continuidad de las operaciones de IMPSA, la preservación de los puestos de trabajo y la participación de las pymes locales en la cadena de producción. Al mismo tiempo, los inversores deberán asumir la deuda de más de 500 millones de dólares que arrastra la empresa, lo que podría influir en las ofertas que se presenten.