La Policía Federal detuvo a 15 integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense acusados de haber participado en torturas y abusos sexuales contra cuatro detenidas en la Unidad N°51 de Magdalena.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada a principios de junio por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y quedó a cargo del fiscal Álvaro Garganta. Según la causa, los hechos ocurrieron durante un operativo dentro del penal y las principales pruebas surgieron de los testimonios de las víctimas, que presentaron relatos coincidentes sobre golpes, amenazas y vejaciones.

Entre las personas detenidas se encuentra Daiana Belén Balmaceda, jefa de Vigilancia y Tratamiento de la cárcel, con rango de alcaide mayor. La funcionaria penitenciaria está señalada como una de las responsables del operativo y fue acusada de ser coautora del abuso sexual contra una detenida y partícipe necesaria del ataque sufrido por otra.

El fiscal solicitó las 15 detenciones y una serie de allanamientos en los domicilios de los acusados. Las imputaciones incluyen los delitos de tortura y abuso sexual con acceso carnal, gravemente ultrajante y agravado por haber sido cometido por integrantes de una fuerza de seguridad.

Según la denuncia, el episodio se inició durante la noche del 3 de junio, luego de una pelea dentro de una celda. Personal penitenciario intervino y, de acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, las internas fueron reducidas, golpeadas y trasladadas por la fuerza.

Las detenidas denunciaron además distintas situaciones de violencia sexual y humillaciones durante el procedimiento. Una de las víctimas aseguró que Balmaceda le exigió que besara sus botas mientras era agredida. También se investigan amenazas y expresiones atribuidas a integrantes del personal durante el operativo.

Además de Balmaceda, otras siete penitenciarias quedaron involucradas en la causa, entre ellas personal encargado de requisas y del área de Sanidad. Una enfermera fue acusada de haber falseado un acta con el objetivo de ocultar lesiones sufridas por una de las víctimas.

La investigación también apunta a penitenciarios varones que habrían intervenido con sus rostros cubiertos.

Los estudios realizados por la Asesoría Pericial detectaron lesiones compatibles con las agresiones relatadas por las detenidas. Dos días después de los hechos, una de las mujeres intentó quitarse la vida.

Tras conocerse la denuncia, el Servicio Penitenciario Bonaerense dispuso la disponibilidad preventiva de los agentes involucrados y removió a la conducción de la Unidad N°51. También se inició un sumario interno mientras avanzaba la investigación judicial.

Dos meses después de los hechos denunciados, la Policía Federal concretó las detenciones ordenadas por la Justicia y los allanamientos vinculados con la causa