El gobierno ha pospuesto las decisiones sobre las vacantes en la Corte Suprema, los tribunales, las fiscalías y las defensorías públicas. Según TN, se espera que el proceso se reanude después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Si bien el Poder Ejecutivo anunció la presentación de los cargos judiciales disponibles el pasado mes de noviembre, estas designaciones nunca llegaron al Senado para su aprobación.

Además, las nominaciones individuales para los jueces de la Corte Suprema, proponiendo a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, también fracasaron. El Senado, controlado por la mayoría kirchnerista, votó en contra de ellos.

Según el Consejo de la Magistratura, hay 184 vacantes en los tribunales federales y 127 en otras jurisdicciones. También hay 161 puestos vacantes para fiscales y 80 para defensores públicos.

Fuentes dentro del poder judicial han destacado la necesidad de cubrir estos puestos para agilizar los procedimientos. Sin embargo, el gobierno está retrasando estos nombramientos para negociar con la oposición y los gobernadores que lo apoyan sobre los futuros candidatos a la Corte Suprema.

Esta estrategia está impulsada por la mayoría kirchnerista en el Senado, que puede bloquear cualquier iniciativa del gobierno con respecto a la Corte.

Sin embargo, la Casa Rosada no ha descartado ampliar la Corte Suprema. Aunque el partido gobernante no ha apoyado las propuestas existentes en el Congreso, sostiene que la Corte necesita "más miembros para ser más representativa".

Por lo tanto, se están considerando ideas para aumentar el número de jueces a siete o nueve. Esto permitiría al Poder Ejecutivo negociar varios puestos con la oposición, eludiendo el poder de la mayoría kirchnerista.

Santiago Caputo, asesor presidencial, y Sebastián Amerio, Secretario de Justicia, están a cargo de estas estrategias judiciales.

Estos funcionarios están siguiendo de cerca no solo la situación de la Corte Suprema, sino también la negociación para el puesto de Procurador General. Eduardo Casal ocupa actualmente este cargo de forma interina, tras haber asumido el cargo tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó en 2017.

Con la implementación gradual del nuevo Sistema Acusatorio, que asigna las investigaciones de casos a los fiscales en lugar de a los jueces, este puesto se ha vuelto cada vez más importante en las negociaciones.