Phoebe Gates, la hija menor de Bill Gates, el fundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo quedó envuelta en un escándalo judicial que rápidamente se volvió mediático y podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión de ser hallada culpable de haber orquestado maniobras fraudulentas a través de su empresa.

Según trascendió en las últimas horas Phoebe Gates enfrenta serias acusaciones por prácticas ilegales en su startup Phia, con un esquema de "cookie stuffing". Las autoridades estadounidenses acusan a la joven y a su empresa de haber engañado a plataformas de comercio electrónico para cobrar comisiones indebidas.

La compañía fue acusada de utilizar una práctica de marketing digital conocida como "cookie stuffing", que podría haberle permitido cobrar comisiones por ventas online que no había generado.

Phoebe Gates

La investigación que destapó el caso señaló que la extensión de Phia podía abrir pestañas en segundo plano durante el proceso de compra e insertar su propio código de afiliado, desplazando la atribución de otros sitios o plataformas.

¿Qué es el "cookie stuffing"?

El sistema de afiliados permite que una plataforma, sitio web o creador reciba una comisión cuando realmente deriva a un cliente hacia una tienda.

El "cookie stuffing" consiste, en cambio, en colocar o modificar una cookie de seguimiento sin que exista una interacción válida del usuario. De esa manera, una empresa puede terminar recibiendo el crédito por una compra que en realidad fue generada por otra fuente.

Bill Gates

En el caso de Phia, investigadores y especialistas encontraron indicios de que la extensión podía insertar automáticamente códigos de afiliación durante el checkout.

La posibilidad de una condena penal fue mencionada debido a que determinadas maniobras de este tipo podrían ser investigadas bajo figuras de fraude electrónico federal en Estados Unidos, cuya pena máxima legal puede alcanzar los 20 años de prisión.

Expertos legales citados por medios estadounidenses consideran que para llegar a una condena penal debería demostrarse, entre otros elementos, que existió conocimiento e intención de cometer un fraude. Por ahora, el escenario también contempla posibles reclamos civiles, sanciones económicas y restitución de fondos.