Las esperanzas de rescatar personas con vida tras el violento terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia comenzaron a desvanecerse este jueves. Superada la ventana crítica de las 72 horas posteriores al sismo, las brigadas desplegadas en ciudades como Cali y Pereira iniciaron la transición de tareas de búsqueda activa a operativos de remoción de escombros con maquinaria pesada, mientras cientos de familias aguardan novedades de sus allegados atrapados.

El último balance oficial presentado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres confirmó al menos 281 personas fallecidas, más de 3.900 heridos y 379 reportadas como desaparecidas. El movimiento telúrico provocó el colapso y la destrucción total de más de 10.500 viviendas, afectando severamente centros de salud, escuelas y la infraestructura básica de la región cafetera, sumado a más de 150 réplicas que mantienen en alerta a los equipos de emergencia.

Zonas aisladas y el primer desafío de gestión gubernamental

El despliegue de asistencia humanitaria enfrenta graves demoras en localidades rurales y periféricas. Organizaciones no gubernamentales como el Comité Internacional de Rescate denunciaron que comunidades en áreas cercanas al puerto de Buenaventura permanecen sin servicios de agua, luz y gas, debiendo remover escombros sin apoyo técnico ante la presencia de grupos armados irregulares que obstaculizan la entrega de donaciones.

La catástrofe representa la primera gran prueba institucional para el presidente Abelardo De La Espriella, quien asumió sus funciones apenas días antes del desastre. Frente al impacto económico, el mandatario anunció la declaración de la emergencia económica y la creación de un fondo especial de reconstrucción, al tiempo que el gobierno defendió los protocolos de cooperación internacional estableciendo que solo autorizará el ingreso de delegaciones extranjeras que cuenten con certificación técnica acreditada.