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La orden de investigación ha generado críticas por parte de altos funcionarios del gobierno, como el ministro de Justicia, Yariv Levin, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quienes calificaron la medida como un acto de persecución política.
La orden de investigación ha generado críticas por parte de altos funcionarios del gobierno, como el ministro de Justicia, Yariv Levin, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quienes calificaron la medida como un acto de persecución política.
El informe también alega que ella había acosado indirectamente a la fiscal general y al fiscal estatal adjunto.
El ministro de Justicia de Israel, Yariv Levin, criticó la orden de la fiscal general y la describió como una "aplicación selectiva extrema que ha vuelto a mostrar su fea cabeza".
"Mientras que los ciudadanos israelíes esperan que cualquiera que haya amenazado al comisario de policía o haya llamado al desafío sea citado para ser interrogado, el asesor y la fiscal del Estado están ocupados abriendo investigaciones tras los chismes de la televisión", dijo Levin en una publicación en X el jueves.
El ministro de Seguridad Nacional, de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, también criticó a Baharav-Miara: "Alguien que persigue políticamente a los ministros del Gobierno y a sus familias no puede seguir ejerciendo como fiscal general. Es una vergüenza que todavía haya quienes escondan la cabeza en la arena y se nieguen a comprenderlo", dijo en un comunicado.
El juicio por corrupción contra Netanyahu comenzó en enero de 2020, lo que lo convirtió en el primer ministro de Israel en funciones en comparecer ante un tribunal como acusado en un juicio por cargos de fraude, abuso de confianza y soborno. Netanyahu ha negado repetidamente las acusaciones en su contra y se declaró inocente, según informó anteriormente Reuters.
Se enfrenta a cargos en tres casos distintos. En el caso 1000, se le acusa de fraude y abuso de confianza en relación con las acusaciones de haber recibido regalos como puros y champán de empresarios extranjeros.
En el caso 2000, también está acusado de fraude y abuso de confianza y se le acusa de buscar cobertura favorable en uno de los principales periódicos de Israel a cambio de limitar la circulación de uno de los principales rivales del periódico.
En el caso más grave, el caso 4000, se le acusa de soborno, fraude y abuso de confianza por supuestamente haber adelantado beneficios regulatorios por un valor equivalente a más de US$ 250 millones en ese momento a su amigo Shaul Elovitch, quien era el accionista controlador de la empresa de telecomunicaciones Bezeq.
