El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura Provincial un proyecto de ley para modernizar el Régimen Disciplinario de la Administración Pública. La iniciativa busca actualizar la normativa a partir de la experiencia acumulada desde su sanción, reducir los tiempos de tramitación, optimizar recursos y fortalecer la capacidad de investigación.

Uno de los principales cambios es el fortalecimiento de la Oficina General de Sumarios como órgano especializado, con autonomía técnica y funcional para investigar e instruir procedimientos con criterios de objetividad e imparcialidad.

El proyecto establece además el deber de colaboración de funcionarios, agentes y organismos ante los requerimientos de la Oficina. También la habilita a iniciar de oficio informaciones sumarias cuando tome conocimiento de hechos que puedan constituir faltas disciplinarias.

Distribución de competencias y procedimientos más ágiles

La propuesta distribuye las competencias según la naturaleza y gravedad de las faltas. Las infracciones de menor entidad podrán ser investigadas y resueltas por las reparticiones de origen, con respeto del derecho de defensa, mientras que la Oficina General de Sumarios concentrará su intervención en los casos que requieran una investigación especializada.

También se incorpora un procedimiento especial para determinadas causales objetivas de cesantía, como inasistencias injustificadas, abandono de servicio y acumulación de sanciones de suspensión, siempre que los hechos puedan acreditarse mediante documentación o registros oficiales y garantizando una instancia de defensa para el agente.

La reforma contempla además reglas para evitar investigaciones paralelas cuando exista relación entre los hechos e incorpora mecanismos alternativos de conclusión, como la suspensión del sumario a prueba y el sumario abreviado, cuando las características del caso lo permitan.

Digitalización de los sumarios

Otro de los ejes es la incorporación de herramientas digitales. Las citaciones y notificaciones se realizarán prioritariamente a través de la plataforma Mendoza por Mí (M×M), aunque también podrán utilizarse otros medios electrónicos que permitan acreditar el envío, la recepción y el contenido de la comunicación.

Asimismo, podrán realizarse audiencias virtuales cuando contribuyan a facilitar la participación de los involucrados o agilizar el procedimiento. Estas deberán quedar registradas e incorporadas al expediente electrónico.

La digitalización busca reducir tiempos y costos y mejorar la trazabilidad de las actuaciones.

Garantías y plazos

El proyecto mantiene como principios centrales el debido proceso, el derecho de defensa, la imparcialidad, la transparencia, la legalidad y la proporcionalidad de las sanciones. El inicio de un sumario no afectará la carrera administrativa del agente, quien será considerado inocente hasta que exista una resolución que determine responsabilidad disciplinaria.

Se establece un plazo de 30 días para las informaciones sumarias, prorrogable por única vez por otros 30 días en circunstancias excepcionales debidamente justificadas.

El régimen conserva las sanciones de apercibimiento, suspensión, cesantía y exoneración, y establece criterios para graduarlas según la gravedad de la falta, el perjuicio ocasionado, la jerarquía y los antecedentes del agente.

En términos generales, la reforma apunta a que los procedimientos disciplinarios puedan resolverse en tiempos razonables, determinar oportunamente la existencia o no de responsabilidad administrativa y evitar demoras innecesarias, sin afectar las garantías de los agentes.