La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley que crea el Régimen Provincial de Intervención Preventiva Administrativa sobre Inmuebles con fines de seguridad pública y ciudadana, una herramienta que busca permitir al Estado actuar de manera preventiva sobre propiedades abandonadas, deterioradas, usurpadas o utilizadas para la planificación, ocultamiento o comisión de delitos.

La iniciativa, que contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, fue aprobada por 33 votos afirmativos y 2 negativos, por lo que fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.

El proyecto toma como antecedente el protocolo de intervención preventiva administrativa que aplica el Ministerio de Seguridad y Justicia desde octubre de 2025 y busca transformar esa experiencia en una política pública respaldada por una ley provincial.

Durante el tratamiento en el recinto, el senador David Sáez, miembro informante, explicó que el régimen permitirá adoptar medidas administrativas de carácter preventivo, provisional, temporal y proporcional sobre inmuebles que representen un riesgo para la seguridad pública o la convivencia ciudadana.

De acuerdo con la iniciativa, el Ministerio de Seguridad y Justicia será la autoridad de aplicación y podrá disponer, mediante resolución fundada, intervenciones sobre propiedades que hayan sido utilizadas para el acopio, fraccionamiento o comercialización de estupefacientes, la planificación o ejecución de delitos, o que por su estado de abandono, deterioro o destrucción constituyan un peligro para terceros.

Entre las medidas contempladas se encuentran el tapiado o cerramiento de accesos, la clausura parcial o total del inmueble y, cuando resulte indispensable por razones de seguridad, la demolición controlada de sectores o de la totalidad de la propiedad.

El régimen establece que estas medidas no tendrán carácter sancionatorio ni implicarán una afectación al derecho de propiedad. Su finalidad será preservar los inmuebles, impedir su utilización para actividades ilícitas y reducir los riesgos que puedan generar para la comunidad.

Un procedimiento con intervención de municipios y la Justicia

El proyecto establece un procedimiento administrativo que deberá estar respaldado por informes técnicos y policiales, actas, notificaciones a los propietarios, citaciones y la posibilidad de presentar oposición y solicitar mecanismos de revisión.

Las intervenciones podrán iniciarse de oficio o a partir de solicitudes de vecinos, municipios, organismos públicos o privados, así como por requerimiento judicial.

Asimismo, se contempla un régimen especial para situaciones en las que exista un riesgo grave e inminente para las personas o la seguridad pública, que permitirá adoptar medidas de manera inmediata.

Sáez destacó además que, cuando un inmueble se encuentre ocupado de manera permanente por personas, la situación deberá ser puesta en conocimiento de la Justicia, ya que en esos casos la intervención puede involucrar derechos que requieren resolución judicial. El trabajo también se realizará de manera coordinada con el Ministerio Público Fiscal.

La propuesta contempla, a su vez, la participación de los municipios mediante convenios de cooperación y la articulación con organismos públicos y privados.

Durante el debate, la senadora Beatriz Galiñares respaldó la iniciativa y destacó la necesidad de fortalecer la coordinación entre la Provincia y los municipios. Como ejemplo, relató situaciones registradas en los departamentos de Junín y San Martín con terrenos baldíos abandonados que eran utilizados para ocultar elementos vinculados a robos y otros delitos.

En ese sentido, sostuvo que, si bien los municipios cuentan con facultades para intervenir en cuestiones vinculadas con la seguridad, salubridad y ambiente, los procedimientos pueden extenderse durante largos períodos. Consideró que la nueva herramienta permitirá agilizar las intervenciones, sin dejar de contemplar los derechos de los propietarios.

La legisladora remarcó también que el régimen no habilita el desalojo administrativo de personas. Cuando un inmueble esté ocupado, deberá intervenir la Justicia.

Por su parte, el senador Omar Parisi, de Fuerza Patria, manifestó su rechazo al proyecto y adelantó el voto negativo de su bloque, al considerar que la herramienta resulta innecesaria.

Un registro provincial de inmuebles intervenidos

Entre las disposiciones de la nueva ley también se encuentra la creación de un Registro Provincial de Inmuebles Intervenidos Preventivamente, que tendrá carácter reservado y permitirá llevar un seguimiento de las propiedades alcanzadas por las medidas.

La propuesta busca, de esta manera, brindar al Estado una herramienta que permita actuar con mayor rapidez frente a inmuebles que generan riesgos, evitar que sean aprovechados para actividades delictivas, frenar su deterioro y preservar los derechos de sus titulares.

Con la sanción del Senado, Mendoza avanza así en la consolidación de un régimen legal específico para las intervenciones preventivas sobre inmuebles que puedan afectar la seguridad pública y la convivencia ciudadana.