El Gobierno de Mendoza enviará en los próximos días un proyecto de ley a la Legislatura provincial para adaptar la nueva Ley Penal Juvenil nacional al sistema local. 

La iniciativa, anunciada por el ministro de Educación, Cultura, Infancias y director general de Escuelas, Tadeo García Zalazar, se presentará de forma conjunta con el Ministerio de Seguridad y Justicia con el propósito de ordenar la puesta en marcha de la normativa prevista para septiembre. 

La propuesta incorpora aportes del Poder Judicial y se estructura en dos ejes fundamentales: por un lado, el funcionamiento operativo y la reorganización de los juzgados para tramitar las causas que involucren a adolescentes de entre 14 y 16 años; por el otro, la ejecución de las medidas judiciales y los dispositivos de alojamiento adecuados. 

Si bien las estimaciones oficiales calculan un incremento de hasta un 30% en la cantidad de jóvenes alcanzados por restricciones de libertad, desde la administración provincial remarcaron que el encierro funcionará como la última alternativa contemplada por los magistrados. 

Asimismo, la Provincia avanzará con un reclamo formal dirigido a la Nación para exigir precisiones sobre los recursos económicos estipulados en la legislación federal. Aunque el Ejecutivo asegura que se realizaron las adecuaciones institucionales pertinentes -respaldadas por convenios de cooperación técnica-, advierten que aún no se recibieron detalles sobre el financiamiento operativo indispensable para afrontar el mantenimiento y la ampliación de la infraestructura destinada a los jóvenes en conflicto con la ley.