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Mendoza
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El Gobierno provincial promulgó este martes la norma que agiliza los procedimientos de recuperación de viviendas tras la desadjudicación por incumplimientos.
El Gobierno de Mendoza promulgó este martes la ley que modifica el procedimiento para recuperar viviendas sociales adjudicadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). La norma busca acelerar los desalojos en aquellos casos en los que los beneficiarios incumplan las condiciones establecidas para conservar el inmueble, como la falta de pago, el abandono de la casa o su utilización con fines distintos a los previstos, por ejemplo, alquilarla.
La iniciativa, aprobada semanas atrás por la Legislatura, introduce cambios en la Ley 4.203, en la Ley 9.001 y en el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario con el objetivo de reducir los tiempos que demanda la recuperación de estas viviendas y facilitar que vuelvan a estar disponibles para otras familias que esperan una solución habitacional.
Hasta ahora, cuando el IPV detectaba un incumplimiento y resolvía quitarle la vivienda a un adjudicatario, ese acto administrativo debía atravesar un paso adicional en la Justicia antes de poder iniciar el desalojo. Ese trámite demoraba considerablemente el proceso.
Con la nueva legislación, ese paso deja de ser obligatorio. Una vez que la desadjudicación quede firme -es decir, cuando ya no existan recursos administrativos pendientes- el IPV podrá presentar directamente la demanda de desalojo ante la Justicia.
El nuevo esquema funcionará de la siguiente manera:
Primero, el IPV detecta un incumplimiento, como una deuda prolongada, el abandono de la vivienda o una ocupación irregular.
Luego, el organismo inicia un expediente administrativo y analiza la situación del adjudicatario.
Si corresponde, dicta una resolución de desadjudicación, quitándole formalmente el derecho sobre la vivienda.
Cuando esa resolución queda firme, el IPV podrá iniciar de manera inmediata el juicio de desalojo, sin necesidad de pedir una homologación judicial previa.
Finalmente, la Justicia de Paz Letrada será la encargada de intervenir en estos procesos y resolver el desalojo.
Desde el Gobierno provincial sostienen que existen numerosos casos de beneficiarios que dejaron de pagar las cuotas durante largos períodos, abandonaron las viviendas o las destinaron a otros usos, como el alquiler a terceros. Según el Ejecutivo, estas situaciones afectan el objetivo social del programa habitacional y perjudican a miles de familias que permanecen en lista de espera para acceder a una casa.
El Instituto Provincial de la Vivienda informó que durante 2025 inició 658 expedientes por posibles incumplimientos:
El 95% estuvo relacionado con falta de pago.
El 5% restante correspondió a ocupaciones irregulares.
Se resolvieron 514 casos y hubo 18 desadjudicaciones.
En lo que va de 2026, el organismo ya abrió 413 expedientes:
90% por mora.
7% por mora junto con ocupación irregular.
3% exclusivamente por ocupaciones irregulares.
Hasta el momento, se resolvieron 251 expedientes y ya se concretaron 28 desadjudicaciones.
1Con esta nueva normativa, el Gobierno de Mendoza espera reducir los tiempos judiciales para recuperar viviendas que no están siendo utilizadas conforme a las condiciones establecidas y reasignarlas a familias que necesitan acceder a una solución habitacional.
