La Suprema Corte de Justicia de Mendoza ha dado un giro significativo en la extensa batalla judicial que enfrenta a miles de suscriptores con las terminales automotrices. El cuerpo de magistrados resolvió, por unanimidad, dar curso formal al Recurso Extraordinario Provincial interpuesto por los usuarios, quienes buscan revertir la revocación del fallo que, meses atrás, había ordenado recalcular las cuotas de sus planes de ahorro.

Esta resolución no solo abre una nueva instancia de análisis sobre los contratos de adhesión de consumo, sino que impone una suspensión inmediata de cualquier procedimiento derivado del expediente. Esto incluye el cobro compulsivo de deudas y, fundamentalmente, la posibilidad de subastar unidades, protegiendo así el patrimonio de los ahorristas mientras se aguarda el veredicto definitivo.

Un conflicto de larga data

El litigio, que involucra a unas 30.000 personas en la provincia, tuvo un punto de inflexión en abril, cuando la Segunda Cámara de Apelaciones había dejado sin efecto la sentencia inicial que obligaba a las automotrices a actualizar las cuotas mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en lugar del "valor móvil".

En aquel momento, el tribunal de alzada argumentó que la inflación era un factor previsible en la economía argentina y validó las cláusulas originales de los contratos. No obstante, la Corte provincial, integrada por los ministros Dalmiro Garay, Julio Gómez, José Valerio, María Teresa Day, Omar Alejandro Palermo y Norma Llatser, ha decidido ahora retomar el control de la causa para evaluar nuevamente los derechos de los consumidores.

¿Cómo continúa el proceso?

Con la admisión del recurso, la Justicia ha otorgado un plazo perentorio de 15 días a las empresas demandadas -encabezadas en este caso por Volkswagen S.A.- para que presenten sus descargos ante los agravios expuestos por los ahorristas. Una vez agotada esta etapa de presentaciones, el máximo tribunal provincial dictará una sentencia final.

Este fallo será determinante: si bien contra él aún cabe la posibilidad de interponer un Recurso Extraordinario Federal para elevar el caso ante la Corte Suprema de la Nación, la decisión mendocina sentará una jurisprudencia clave para los procesos de consumo colectivo en el sector automotor.

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