Tras el rechazo sindical a la oferta salarial inicial del gobierno (un aumento del 5% en agosto y 3% en noviembre), las negociaciones se pospusieron para la próxima semana.

El Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) consideró la propuesta insuficiente frente a la inflación y demandó mejoras salariales, protección contra la violencia escolar, concursos pendientes y reglamentación de contraturnos. 

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también rechazó la oferta, exigiendo la regularización laboral de 2.300 empleados, actualización para enfermeros y pago de adicionales por productividad. 

El gobierno defendió su propuesta como "seria y viable", basada en los recursos provinciales y el contexto macroeconómico.