El Departamento General de Irrigación aprobó un nuevo Reglamento de Operadores y Usuarios de los Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento de la Provincia de Mendoza, una herramienta que moderniza y unifica las normas que regulan la prestación de estos servicios esenciales.

La medida se enmarca en la Ley Provincial N.º 9.589 y consolida el rol de Irrigación como ente regulador del servicio de agua potable y saneamiento en todo el territorio provincial.

Más derechos para los usuarios

Entre los principales avances de la normativa se destaca la protección de los derechos de los usuarios y la obligación de los operadores de garantizar servicios de calidad.

A partir de este reglamento, los usuarios tienen derecho a:

• Solicitar la conexión de agua potable y cloacas cuando el inmueble se encuentre dentro de un área servida.
• Recibir agua potable con los estándares de calidad establecidos por la normativa vigente.
• Contar con una presión mínima garantizada de servicio.
• Ser informados previamente sobre cortes programados y emergencias que afecten la prestación.
• Presentar reclamos ante los operadores y, de no obtener una respuesta satisfactoria, recurrir ante la Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento (DIRCAS) del DGI.
• Acceder a un trato digno, eficiente y transparente por parte de las empresas prestadoras.

Obligaciones para un servicio más eficiente

La reglamentación también establece responsabilidades para los usuarios, orientadas a preservar la infraestructura y garantizar un uso adecuado del recurso.

Entre ellas se encuentran:

•  Mantener en buen estado las instalaciones internas de agua y cloacas.
•  Reparar pérdidas o fugas dentro de los inmuebles.
•  Permitir las inspecciones técnicas previstas por la normativa.
•  No manipular medidores ni conexiones.
•  Evitar conexiones clandestinas.
•  No descargar aguas pluviales o efluentes industriales en las redes cloacales domiciliarias.
•  Cumplir con el pago de los servicios prestados.

Uso responsable del agua durante todo el año

Uno de los ejes centrales del nuevo reglamento es la promoción del uso racional y eficiente del agua potable.

Por este motivo se establecen restricciones permanentes para evitar consumos innecesarios, tales como:

•  El lavado de veredas, calles pavimentadas y vehículos mediante mangueras o hidrolavadoras.
•  El riego de jardines, espacios verdes o cultivos con agua potable entre las 8 y las 22 horas.
•  El uso de conexiones clandestinas o irregulares.

El incumplimiento de estas disposiciones podrá dar lugar a la aplicación de sanciones y multas.

Mayor control sobre los operadores

La normativa incorpora nuevas obligaciones para las empresas y entidades prestadoras de los servicios.

Los operadores deberán:

•  Mantener actualizada la información de usuarios, redes e infraestructura.
•  Informar periódicamente indicadores de calidad, producción, consumos y reclamos.
•  Disponer de sistemas de atención de emergencias las 24 horas, los 365 días del año.
•  Comunicar inmediatamente cualquier situación que pueda afectar la calidad del agua o la salud de la población.
•  Presentar planes de inversión, operación y expansión cuando sean requeridos por el organismo regulador.

Asimismo, DIRCAS contará con mayores herramientas para supervisar la calidad de los servicios, controlar el cumplimiento de las obligaciones de los operadores y garantizar la protección de los usuarios.

Planificación para el crecimiento urbano

El reglamento también incorpora nuevos requisitos para loteos, urbanizaciones y ampliaciones de redes de agua y saneamiento.

Los operadores deberán demostrar que cuentan con capacidad técnica, hidráulica y financiera suficiente antes de otorgar nuevas factibilidades, garantizando así que el crecimiento urbano no afecte la calidad del servicio de los usuarios ya existentes.

Un marco regulatorio moderno para una gestión sustentable

Con esta reglamentación, Irrigación avanza en la consolidación de un marco regulatorio moderno, transparente y orientado a la planificación de largo plazo, fortaleciendo la protección de los usuarios, la calidad de los servicios y el uso eficiente de un recurso estratégico para Mendoza como es el agua.

El nuevo reglamento actualiza gran parte de la normativa histórica vigente, adaptándola e incorporando nuevas herramientas de cara a los desafíos actuales y futuros de la gestión del agua en general y del servicio público de agua potable y el saneamiento en la provincia.