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El 25 de noviembre dictarían el sobreseimiento a los rugbiers franceses acusados de violación

Trascendió que ambas partes se reunirán con la jueza Eleonora Arenas y ese día se dictaría el sobreseimiento definitivo de los dos sospechosos.

Miercoles, 6 de Noviembre de 2024

Todo indica que el próximo 25 de noviembre la justicia de Mendoza dictaría el sobreseimiento definitivo a Oscar Jégou y Hugo Araudou, los dos jugadores de rugby franceses que habían sido acusados de abusar sexualmente a una mujer aquí en nuestra provincia.

Para esa jornada fue convocada una audiencia, luego del rechazo a la apelación de la querella.

Las pruebas recolectadas durante la investigación debilitaron la denuncia inicial con el paso de las semanas y la fiscalía pidió desestimar los cargos, requerimiento que llegó hasta un tribunal de alzada la semana pasada tras una apelación de la querella.

Según trascendió para el próximo 25 de este mes, ambas partes se reunirán con la jueza Eleonora Arenas y ese día se dictaría el sobreseimiento definitivo de los dos sospechosos.

La denunciante conoció a Jégou el sábado 6 de julio en una discoteca de Luján y ambos se trasladaron en Cabify hasta el hotel de calle Belgrano de ciudad donde estaba alojada la selección de rugby de Francia.

La denunciante aseguró en la justicia que fue sometida sexualmente y golpeada en la habitación, primero por Jégou, tercera línea de Les Blues, y luego por su compañero de cuarto, Araudou.

La gravedad de los hechos denunciados provocó una respuesta inmediata del fiscal Darío Nora, quien ordenó la captura de los rugbiers. La detención se concretó el lunes 8 en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires, donde los franceses hacían escala antes de partir hacia Uruguay para otro compromiso deportivo.

El jueves 11, una comisión policial trasladó a los deportistas a Mendoza, donde fueron alojados en una celda de la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada).

Ambos deportistas fueron imputados por abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas, un delito que contempla penas de entre ocho y veinte años de prisión.

Sin embargo, la causa daría un vuelco inesperado. Después de seis días de encierro, el Ministerio Público Fiscal concedió a los acusados la detención domiciliaria, una decisión que marcaba el primer cambio en la perspectiva del caso.

Los propios jugadores declararon que las relaciones habían sido consensuadas, mientras las pruebas incorporadas al expediente comenzaban a debilitar sistemáticamente la versión de la denunciante. La defensa, respaldada por estos nuevos elementos, solicitó la liberación de ambos deportistas, argumentando la insuficiencia de evidencia para justificar la prisión preventiva.

El desenlace llegó cuando nuevos peritajes terminaron de poner en duda el relato inicial, llevando a la parte acusadora a solicitar el sobreseimiento de los rugbiers.