La Oficina del Presidente dio al Reino Unido 15 días para detener la explotación en la Cuenca Malvinas Norte y, de no hacerlo, Argentina recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Además, se denunció a Thales UK por vuelos no autorizados sobre las islas.

El gobierno de Javier Milei instó formalmente al Reino Unido a detener la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte y advirtió que, de no hacerlo en los próximos 15 días, Argentina recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para solicitar medidas provisionales que preserven sus derechos sobre la plataforma continental.
La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente mediante un documento firmado por el mandatario, que cuestionó el proyecto Sea Lion desarrollado por empresas vinculadas a la extracción de hidrocarburos. Según el Ejecutivo, esas operaciones constituyen un accionar ilegítimo del Reino Unido en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como en los espacios marítimos circundantes.
El comunicado señala que la Cancillería y los equipos jurídicos argentinos fueron instruidos para activar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el objetivo de impedir la explotación que consideran contraria al derecho internacional.
La Casa Rosada fundamentó su posición en las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, en particular la Resolución 2065 (XX), que reconoce la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, y la Resolución 31/49, que pide abstenerse de decisiones unilaterales mientras continúe el proceso de negociación.
En este marco, el Ejecutivo argentinot afirma que la explotación unilateral de los recursos naturales de las islas y sus alrededores vulnera el derecho internacional y genera un perjuicio irreversible a los derechos soberanos que Argentina reclama.
El gobierno exige al Reino Unido que adopte las medidas necesarias para impedir tanto el inicio como la continuidad de las operaciones vinculadas al proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. De no cumplirse el requerimiento dentro del plazo, Argentina solicitará al TIDM la adopción de medidas provisionales para proteger sus derechos soberanos sobre la plataforma continental.
Esta decisión marca un nuevo episodio en la escalada diplomática entre ambos países respecto a la explotación de recursos naturales en la zona, tema que el gobierno de Milei ha incorporado de forma creciente a su agenda de soberanía.
En el mismo comunicado, la Presidencia informó que se detectaron operaciones realizadas por la empresa Thales UK Limited en la ruta aérea entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, mediante una aeronave de matrícula británica sin autorización argentina.
Milei ordenó a los equipos de Gobierno iniciar de forma urgente los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, junto a las gestiones diplomáticas que consideren necesarias.
El Gobierno reiteró que continuará utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y judiciales disponibles para defender el reclamo argentino sobre las islas y sus espacios marítimos, concluyendo con la firme declaración: “Las Malvinas son argentinas”.