La tensión diplomática y judicial en torno a las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo de alto voltaje. Un estudio de abogados argentino, en representación de la organización Reset Republicano, presentó una denuncia penal ante el Juzgado en lo Penal Económico N° 7 -a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway- contra directivos, administradores y representantes legales de siete empresas pesqueras de origen español acusadas de operar en el mar argentino con licencias ilegítimas otorgadas por la administración británica.

La presentación, motorizada por los letrados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, sostiene que las firmas realizan una "explotación comercial ilícita de recursos pesqueros" al amparo de autorizaciones emitidas por la potencia ocupante. En el texto, los denunciantes fueron categóricos: "Las llamadas "licencias de pesca", en realidad, son verdaderas patentes de corso otorgadas para destruir el patrimonio ictícola de la República Argentina", al tiempo que advirtieron sobre una captura masiva de fauna marina dentro de la plataforma continental sustraída de los controles aduaneros nacionales, encuadrando la maniobra en el delito de contrabando contemplado por el Código Aduanero.

Las empresas en la mira y el trasfondo político

Las firmas señaladas en el expediente son:

Lanzal (Petrel Fishing Company Ltd.)

Grupo Pereira (Argos Group Ltd.)

Pescapuerta (South Atlantic Squid)

Copemar (South Atlantic Squid)

Ferralmes (Castelo Fishing Co.)

Hermanos Touza (Beaufort Fishing Ltd.)

Moradiña (Polar Ltd.)

Esta acción judicial se da en plena ofensiva de la Casa Rosada frente al Reino Unido por la soberanía del archipiélago. Mientras el Ejecutivo ultima los detalles para enviar al Congreso un proyecto de ley destinado a sancionar a las petroleras que operen en el lecho marítimo de las islas, fuentes oficiales confirmaron que el Gobierno analiza incluir también a la actividad pesquera dentro de este paquete de castigos.

Si bien la Argentina cuenta desde 2008 con herramientas legales -como el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca, que inhabilita a empresas con vínculos en operaciones ilegítimas en Malvinas-, la administración libertaria estudia reforzar su aplicación y ampliar su alcance dentro del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, ratificando que la defensa de los recursos naturales en el Atlántico Sur es un eje prioritario de gestión.