El Gobierno nacional avanza en el diseño de un proyecto de reforma judicial enfocado en una redistribución profunda de recursos y estructuras. La iniciativa, que la Casa Rosada prevé enviar formalmente al Congreso en septiembre, tiene como objetivo central redireccionar capacidades hacia aquellas jurisdicciones consideradas más críticas, especialmente las zonas de frontera atravesadas por el narcotráfico y los delitos transnacionales.

Según explicaron desde Balcarce 50, el esquema todavía se encuentra en etapa de elaboración para corregir los desequilibrios operativos actuales. El propio ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, advirtió previamente sobre el nivel crítico de vacantes y la sobrecarga de trabajo en el interior, ejemplificando con situaciones en las que magistrados de provincias como La Pampa deben subrogar juzgados complejos en regiones críticas como Tartagal, en Salta.

Para sostener este refuerzo en las fronteras, la contracara del proyecto será una reducción de cargos y estructuras en otros sectores de la Justicia federal. En esa línea, el plan contempla achicar de doce a ocho los juzgados federales de primera instancia en Comodoro Py, y disminuir de trece a nueve los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, lo que requerirá la aprobación legislativa. La revisión también podría alcanzar a vacantes en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la Casación Nacional y la Cámara del Crimen, evitando cubrir automáticamente puestos que el Ejecutivo prefiere transformar o suprimir.

La hoja de ruta oficial se complementa con la cobertura de vacantes prioritarias mediante el envío de pliegos al Senado, así como con la implementación progresiva del sistema acusatorio federal en distintos distritos del país -con cronogramas previstos para diversas provincias y jurisdicciones urbanas-. De este modo, la administración central busca reordenar el mapa judicial priorizando la operatividad territorial frente al delito complejo por sobre una ampliación general del sistema.