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El Ejecutivo también avanza con nuevas alertas, cruces de información y cambios tecnológicos.
El Gobierno intensifica los controles migratorios y reorganiza la Dirección Nacional de Migraciones con reformas legales, operativas y tecnológicas. El plan incluye operativos territoriales con fuerzas federales, nuevas herramientas de análisis de información y refuerzo en las áreas de expulsión.
Migraciones identifica zonas de control mediante análisis de campo y operativos que pueden ser planificados o activados por demanda, con participación de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura o Policía de Seguridad Aeroportuaria. El Gobierno nacional afirma que estos operativos no requieren aviso previo a las provincias, como el reciente en Rosario, donde se controlaron 420 personas y se detectaron ocho extranjeros con irregularidades, incluyendo un ciudadano chino con orden de expulsión, sin previo aviso al gobierno santafesino.
Las acciones varían según el caso: Migraciones puede exigir la regularización de la situación migratoria o iniciar procesos de expulsión por ingreso ilegal. En casos de causas judiciales pendientes o requerimientos internacionales, intervienen las fuerzas y circuitos judiciales correspondientes.
El esquema se apoya en las modificaciones introducidas por el DNU 366/2025, que otorgó a Migraciones facultades para solicitar documentación que acredite la identidad y la situación migratoria de las personas y organizar operativos de inspección y fiscalización.
La normativa también estableció que quienes ingresen al territorio argentino a través de pasos no habilitados o evitando los controles migratorios pueden quedar sujetos a un procedimiento de expulsión. Además, habilitó el rechazo en frontera cuando la irregularidad sea detectada en el momento del ingreso.
La estructura de controles se amplió en junio con la creación del Programa de Seguridad Migratoria. A través de la Resolución 551/2026 se dispuso el trabajo coordinado entre Migraciones, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la PSA.
La medida también estableció la conformación de Unidades de Seguridad Migratoria dentro de cada una de las fuerzas para realizar tareas de prevención, investigación y detección de ilícitos migratorios, además de brindar asistencia a la Dirección Nacional de Migraciones.
Los controles ya se extendieron a distintas provincias. En abril, un operativo conjunto realizado en Aguaray, Salta, permitió controlar a 423 personas y detectar a 15 extranjeros en situación irregular. Posteriormente, las tareas continuaron en Tartagal.
En julio, Gendarmería detectó además en Misiones a cinco ciudadanos chinos que no contaban con registros de ingreso legal al país. Migraciones dispuso posteriormente su salida hacia Brasil.
En paralelo con los procedimientos territoriales, el Ejecutivo reforzó las áreas vinculadas con extranjeros judicializados y expulsiones. Javier Rea, quien estaba al frente de la Dirección de Extranjeros Judicializados, fue designado subdirector nacional de Migraciones desde el 16 de junio.
También se produjeron modificaciones dentro de esa estructura, con cambios en la conducción de las áreas relacionadas con extranjeros judicializados y no detenidos.
Otro de los ejes es la modernización administrativa y tecnológica. Migraciones avanza con el sistema de Recaudación y Conciliación Bancaria, conocido como RECOBA, destinado a centralizar tasas, multas y deudas, automatizar conciliaciones y reducir procedimientos manuales.
Además, en julio el organismo inició una contratación por 36 meses para administrar información API y PNR de pasajeros que ingresan o salen de la Argentina mediante aeropuertos internacionales y terminales de cruceros.
La herramienta se complementará con el Sistema Integral de Captura Migratoria (SICaM), utilizado para los controles migratorios y el cruce de movimientos con información de Interpol y datos anticipados entregados por empresas de transporte.
El Gobierno también creó el Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF), integrado por Migraciones, las cuatro fuerzas federales y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.
Su funcionamiento contempla cruces automatizados de distintas bases de información, entre ellas API-PNR, Interpol y SIFCOP, con el objetivo de generar alertas a partir del análisis de riesgo. Las advertencias deberán identificar el origen de los datos y su grado de confiabilidad.
A su vez, Migraciones estableció que todo su personal deberá firmar un nuevo compromiso de confidencialidad y uso de la información. La disposición alcanza datos personales, movimientos migratorios, antecedentes, medidas judiciales y actuaciones administrativas, y establece que las consultas efectuadas en los sistemas podrán ser registradas y auditadas.
El endurecimiento de la política migratoria sumó además modificaciones legales a través del DNU 681/2026. La normativa incorporó como causal para impedir el ingreso al país o cancelar una residencia que un extranjero haya emitido mensajes de odio o incitado a la violencia contra argentinos por su nacionalidad, o participado en ultrajes contra símbolos patrios.
En el caso de personas que ya cuentan con residencia, la medida puede derivar en una intimación para abandonar el territorio argentino o en una expulsión, según las características de cada caso.
La Casa Rosada busca incorporar esta nueva causal al sistema de alertas que utiliza Migraciones para que los antecedentes puedan aparecer durante los controles de ingreso. El Gobierno todavía deberá establecer quién estará facultado para generar esas alertas, qué evidencia será necesaria y cuál será el mecanismo de validación.
En el Ejecutivo consideran que el fortalecimiento de los controles migratorios tiene una recepción diferente a otras discusiones vinculadas con extranjeros, como ocurrió con la Ley de Tierras. La intención oficial es continuar profundizando esta política durante los próximos meses.
