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La disposición del juez Ariel Lijo requirió que el exfuncionario informe si desea viajar al exterior, en el marco de su investigación.
El exjefe de Gabinete Manuel Adorni no puede irse del país sin pasar antes por la Justicia. Así lo dispuso en las últimas horas el juez federal Ariel Lijo, quien tiene a cargo el expediente por enriquecimiento ilícito contra el exfuncionario libertario. Además, en los tribunales federales de Comodoro Py echaron por tierra otro intento de los denunciantes para avanzar con su detención.
Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, este viernes el fiscal Gerardo Pollicita, quien conduce la investigación sobre el patrimonio de Adorni, emitió un dictamen en el que, si bien descartó peligro de fuga o entorpecimiento de la causa, pidió que el exvocero notifique previamente cualquier salida del país, para que la Justicia "evalúe la pertinencia y razonabilidad" de cada viaje.
El juez Lijo ordenó lo solicitado por el fiscal y tomó así la primera medida restrictiva para Adorni desde que se abrió la causa. Esto solamente lo alcanza a él y no a su esposa, Bettina Angeletti, también bajo investigación judicial.
Previo a esta resolución, Manuel Adorni -a través de un escrito presentado por su abogado Matías Ledesma- hizo saber a la Justicia que se encuentra actualmente en el país y no tiene intenciones de cruzar las fronteras en el futuro cercano.
Tras su renuncia a la coordinación del Gabinete de ministros del presidente Javier Milei, surgieron versiones periodísticas de que Adorni había deslizado a su entorno intenciones de irse a vivir a Uruguay.
El abogado Gregorio Dalbón y la diputada nacional Marcela Pagano, ambos denunciantes del exvocero presidencial, habían pedido en los últimos días la detención de Manuel Adorni, o en subsidio, la prohibición de salida del país y la retención de su pasaporte. El fiscal y el juez descartaron ambos planteos.
Para rechazar esas propuestas, el fiscal Pollicita consideró que Adorni no opuso "reparos innecesarios" o "dilaciones" que afecten el trámite de la causa.
En particular, el representante del Ministerio Público opinó que ni siquiera las conversaciones que el exjefe de Gabinete mantuvo con el contratista Matías Tabar antes de su declaración como testigo fueron un entorpecimiento.
Basó su criterio en que precisamente fue ese testigo el que más lo complicó, y por ende Adorni no influyó en su declaración o logró hacerlo sentir hostigado o amenazado.
Tabar es el contratista que remodeló la casa del exfuncionario en el country Indio Cuá, propiedad en la que Manuel Adorni gastó al menos 245.000 dólares para modernizarla y equiparla.
Para desestimar la detención del exvocero, el fiscal también tuvo en cuenta que este no tiene antecedentes penales, que posee bienes en el país y un lugar de residencia habitual donde está su núcleo familiar, lo que disipa el peligro de fuga alegado por los denunciantes.
En las próximas semanas, el exjefe de ministros deberá dar sus primeras explicaciones formales en Comodoro Py.
El fiscal Gerardo Pollicita prepara un requerimiento de justificación patrimonial que estará basado en un informe de la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) que revelará, precisamente, si el patrimonio de Adorni tiene inconsistencias, y de qué magnitud.
Las voces más optimistas en tribunales apuntan a que ese estudio contable estaría listo antes de la feria judicial de invierno, que comienza en menos de tres semanas.
Ese requerimiento de justificación funcionará como una primera oportunidad que tendrá el investigado para explicar que su fortuna tiene un origen legal. Públicamente, Adorni contó que tenía en negro 500.000 dólares que alguna vez fueron criptomonedas. Su versión aún no fue comprobada en la Justicia.
Si la respuesta al requerimiento no logra desarmar las sospechas del fiscal, entonces la próxima instancia será un llamado a declaración indagatoria.
Esta semana declararon los últimos testigos antes de que la causa avance a esta próxima etapa. Gisela Kocsis, Luis Enrique Alujú y Laura Daniela Schiuma son tres empleados y funcionarios de la Vocería Presidencial que reconocieron en sede judicial haberle prestado su nombre o sus tarjetas de crédito a Adorni para que haga compras millonarias sin dejar rastros.
Se sospecha que era una forma de esconder gastos que no podría justificar con sus ingresos legales.
