La Casa Rosada atraviesa días de máxima tensión política. A pesar del fuerte costo político y el creciente malestar interno, el presidente Javier Milei se mantiene inflexible y no está dispuesto a desplazar a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras el escándalo desatado por el ocultamiento de inversiones en criptomonedas en sus declaraciones juradas. Para el mandatario, prescindir de su hombre de confianza significaría una dura derrota personal, por lo que ha ordenado a todo su gabinete blindar al funcionario y concentrarse estrictamente en defender los avances de la gestión.

El principal foco de preocupación del Ejecutivo es la sesión especial en la Cámara de Diputados convocada por el kirchnerismo para el próximo 23 de junio, donde la oposición intentará activar una moción de censura para forzar la salida de Adorni. En este escenario, el ministro del Interior, Diego Santilli, se convirtió en la pieza clave de Milei para desactivar la embestida. Santilli debió reconfigurar de urgencia su agenda legislativa para convencer a gobernadores aliados y sectores del peronismo dialoguista de que no aporten sus votos, manteniendo reuniones clave con mandatarios como Rolando Figueroa de Neuquén, Raúl Jalil de Catamarca y Rogelio Frigerio de Entre Ríos.

Por el lado de los aliados tradicionales, el PRO adoptó una postura pragmática bajo la conducción de Mauricio Macri. El partido adelantó que no acompañará al kirchnerismo en el Congreso para forzar la caída del jefe de Gabinete, pero le exigió explícitamente al Presidente que sea él mismo quien le pida dar un paso al costado para defender el cambio y no a un funcionario. Para calmar las aguas, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, encabezó una mesa política donde se pactó una tregua: Adorni se comprometió públicamente a asistir al Senado el jueves 2 de julio para brindar su informe de gestión retrasado y así descomprimir la presión legislativa.

La permanencia del funcionario generó profundas fisuras en el equipo de Gobierno y despertó un fuerte fastidio en el ministro de Economía, Luis Caputo, quien evitó mostrarse en las fotos de unidad oficialista. El motivo de su mal humor es estrictamente estadístico, ya que el escándalo patrimonial terminó eclipsando de manera absoluta dos de las mejores noticias económicas de la gestión actual: una inflación de mayo que cerró en el 2,1% -marcando el segundo mes consecutivo de desaceleración- y un desplome del Riesgo País que perforó el piso de los 500 puntos. La misma frustración alcanzó al Ministerio de Capital Humano, cuyo acuerdo por el financiamiento universitario quedó completamente diluido en la agenda pública.

Mientras el Gobierno intenta circunscribir el problema a un error de omisión fiscal bajo la premisa de Milei de que Adorni es un evasor pero no un corrupto, el frente judicial avanza con rapidez. El fiscal Gerardo Pollicita ya analiza las presentaciones patrimoniales y planea extender la investigación hacia los últimos 15 años de la vida del funcionario para determinar si existió enriquecimiento ilícito. A esto se suma la denuncia por omisión maliciosa radicada por la Coalición Cívica, dejando el destino de Adorni sujeto a la resistencia que el oficialismo logre sostener en el Congreso y a que el juez Ariel Lijo decida no procesarlo.