La Justicia federal comenzó a profundizar una investigación sobre presuntas irregularidades en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). La causa se inició tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano el pasado 3 de junio y quedó bajo la órbita del fiscal federal Ramiro González, quien decidió impulsar formalmente la acción penal y avanzar con una serie de medidas de prueba.

Según trascendió en ámbitos judiciales, el objetivo de la fiscalía es reconstruir el funcionamiento administrativo del organismo y determinar si existió un esquema destinado al uso indebido de fondos públicos o posibles maniobras de enriquecimiento ilícito.

El avance de la investigación se produce apenas días después de la detención de Facundo Leal, ex titular del ORSNA, en una causa vinculada a su gestión al frente de ARSAT. La denuncia sostiene que la estructura de poder construida durante su administración no se habría desarticulado tras su salida, sino que continuaría operando bajo las actuales autoridades.

Uno de los principales focos está puesto en la situación patrimonial de varios funcionarios. Por ese motivo, el fiscal solicitó informes financieros y económicos de Leal, de la actual presidenta del organismo, Noelia Florencia Ruiz, de la vicepresidenta Lucila Belén Pagani y de Facundo Gaitán, quien ocupa funciones de control dentro de la entidad.

La intención es comparar la evolución de sus patrimonios con las acusaciones que apuntan a supuestos beneficios económicos obtenidos durante la gestión. Paralelamente, la fiscalía pidió acceder a los legajos laborales de los funcionarios para analizar antecedentes, designaciones y niveles salariales.

La denuncia también cuestiona cambios realizados en la estructura administrativa del organismo. Según la presentación, dichas modificaciones habrían favorecido incrementos salariales y una mayor concentración de funciones en áreas clave de decisión.

Otro de los capítulos centrales de la investigación se relaciona con las obras financiadas mediante el Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (FFSNA). El escrito judicial menciona una posible concentración de contratos en un grupo reducido de constructoras, entre las que figuran Agro, Lemiro Pietroboni, Cemisa y Centro Construcciones.

Para esclarecer ese aspecto, González requirió información detallada sobre todas las obras adjudicadas a esas compañías desde comienzos de 2025. Además, solicitó conocer si los procesos licitatorios, los certificados de avance o los pagos efectuados recibieron observaciones, impugnaciones o denuncias administrativas.

Los organismos de control también fueron incorporados a la pesquisa. Tanto la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) como la Auditoría General de la Nación (AGN) deberán informar si existen auditorías, investigaciones o antecedentes vinculados con las contrataciones bajo sospecha.

Entre las acusaciones más graves aparece la presunta existencia de un sistema de retornos para destrabar pagos y certificaciones de obra. De acuerdo con testimonios incluidos en la denuncia, se habría exigido un porcentaje cercano al 10% sobre determinados trámites, una operatoria que, según los denunciantes, involucraría a funcionarios con capacidad de decisión dentro del organismo.

La fiscalía también intenta determinar si existen puntos de contacto entre las maniobras denunciadas en el ORSNA y las investigadas en la causa que involucra a Leal por su paso por ARSAT. Por ello, se solicitó información sobre el expediente que derivó en la detención del ex funcionario para evaluar posibles similitudes en los mecanismos de gestión.

Entre las hipótesis analizadas figura el desplazamiento de personal técnico y gerentes de carrera para reemplazarlos por personas cercanas al círculo de confianza de Leal. Según los denunciantes, esa dinámica habría permitido concentrar decisiones y reducir controles internos.

En ese contexto, también quedó bajo la lupa la incorporación de Facundo Gaitán como "controller". La Justicia busca determinar cuáles eran efectivamente sus responsabilidades y si su nombramiento respondió a necesidades operativas o a una estrategia de supervisión política dentro del organismo.

Por último, la investigación alcanzó a otros organismos especializados en control y transparencia. Tanto la Oficina Anticorrupción como la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) fueron requeridas para informar si registran antecedentes, denuncias o actuaciones relacionadas con el ORSNA o con las empresas constructoras mencionadas en la presentación judicial.

Foto de portada: Noelia Florencia Ruiz, presidenta del Orsna