El Gobierno y las universidades alcanzaron un principio de acuerdo salarial del 24% y otros beneficios, pero las negociaciones fracasaron porque el Ejecutivo exigió que las casas de estudio retiraran una demanda judicial ante la Corte Suprema. 

La propuesta oficial incluía un aumento salarial del 24,3% en dos tramos (21,3% en junio y 3% en octubre), la formación de una comisión técnica para revisar el periodo adeudado de 2024 y negociaciones paritarias trimestrales. Adicionalmente, se ofrecía un 50% de aumento en becas Manuel Belgrano, un 20% para gastos de funcionamiento universitario y un fondo de $50 mil millones para hospitales universitarios. 

Aunque las universidades consideraron la propuesta "razonable", se negaron a retirar la demanda, que busca la aplicación de la Ley de Financiamiento según el IPC, una cifra que el Gobierno considera que atenta contra el superávit fiscal. Los rectores insisten en que la demanda es un resguardo irrenunciable y que la pelota está del lado del Gobierno para solucionar el conflicto. El Gobierno, por su parte, cuestiona la falta de voluntad de las universidades para ceder en el ámbito judicial.