En la previa de la marcha universitaria federal, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cuestionó el carácter de la movilización y sostuvo que detrás del reclamo existe una intencionalidad política. Según afirmó, el Gobierno nacional no aplicó recortes al presupuesto universitario, aunque reconoció que el conflicto gira en torno a la actualización salarial que reclaman los gremios docentes y no docentes.

En declaraciones radiales, Álvarez destacó que la paritaria universitaria es "la única aprobada por el Congreso" y apuntó contra la Ley de Financiamiento Universitario, que obliga al Ejecutivo a recomponer salarios de acuerdo con la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025. Para el funcionario, los sindicatos buscan aumentos "muy por encima" de lo que el Gobierno considera viable.

Además, defendió la postura oficial respecto al presupuesto y aseguró que la Ley de Presupuesto 2026, sancionada posteriormente, es la que actualmente tiene vigencia. En ese marco, afirmó que varios de los argumentos utilizados para convocar a la marcha "se construyen sobre información falsa", y recordó que en la primera movilización se advertía sobre un supuesto cierre de universidades que, según dijo, "nunca ocurrió".

Álvarez también negó que se hayan recortado fondos destinados a educación superior. Explicó que las partidas mencionadas recientemente correspondían a obras públicas impulsadas por la gestión anterior y que finalmente no continuaron. "No hubo un recorte presupuestario a las universidades", insistió.

En relación con la Universidad de Buenos Aires y el Hospital de Clínicas, el funcionario sostuvo que los recursos fueron transferidos en tiempo y forma, aunque señaló que existe una discusión sobre el reparto de un fondo común entre las distintas universidades nacionales. También planteó la necesidad de revisar históricamente el funcionamiento financiero del Clínicas debido a sus déficits recurrentes.

Por otra parte, adelantó que el Gobierno busca implementar un sistema más "objetivo" para distribuir los recursos universitarios. Según explicó, actualmente el presupuesto no se asigna en función de parámetros claros, por lo que la intención es incorporar indicadores vinculados a cantidad de alumnos, docentes, infraestructura y rendimiento académico.

En ese sentido, cuestionó la eficiencia del sistema universitario actual y aseguró que el Estado destina alrededor de 400 mil millones de pesos mensuales al pago de salarios, aunque con bajos niveles de graduación. Incluso comparó el costo de formación entre distintas instituciones, señalando que en algunas universidades el gasto por egresado es considerablemente más elevado que en otras.

Finalmente, Álvarez afirmó que existen carreras con una estructura docente sobredimensionada en relación con la cantidad de estudiantes y sostuvo que el Gobierno trabaja para transparentar esos datos y avanzar hacia un esquema de financiamiento basado en criterios "más racionales y medibles".