Desde este 1° de mayo comienza a regir el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, uno de los tratados más ambiciosos de las últimas décadas. Sin embargo, su entrada en vigencia no implica una implementación plena, sino un esquema de aplicación provisional que permite avanzar en el capítulo comercial mientras continúan los procesos institucionales dentro del bloque europeo.

Este punto es central para entender el momento actual. El acuerdo está operativo, pero no completamente consolidado: todavía debe pasar por instancias de validación en la Unión Europea, incluyendo el análisis de la Corte de Justicia y futuras votaciones parlamentarias nacionales para sellar el capítulo político.

"Mientras tanto ya vamos arrancando, el comercio va a empezar. Vamos a darle un turbo a esta relación", explicó a El Observador en marzo pasado el embajador europeo en Argentina, Erik Høeg, al describir una lógica de implementación que prioriza resultados inmediatos mientras se resuelven las discusiones políticas.

Impacto económico: menos aranceles, más competencia

En términos concretos, el acuerdo implica una reducción progresiva de aranceles y barreras comerciales, lo que debería traducirse en mayor competencia y, eventualmente, en precios más bajos para los consumidores. A nivel macro, el tratado establece que la Unión Europea suprimirá los aranceles sobre el 92% de las exportaciones del Mercosur, mientras que el bloque sudamericano eliminará gravámenes para el 91% de los productos importados desde Europa, estableciendo una gran apertura comercial entre ambas regiones.

El acuerdo, que fue negociado por más de 26 años, implica crea un mercado de 700 millones de personas y cerca del 30% del PBI mundial. Además, abre oportunidades para que productos sudamericanos accedan a un mercado de alto poder adquisitivo con menos restricciones. A su vez, facilita la importación de bienes de capital y tecnología desde Europa, lo que debería impactar en la modernización productiva del bloque sudamericano. De todos modos, estos cambios no serán inmediatos: el cronograma de desgravación es escalonado y los efectos se verán de manera progresiva.

La carne, en el centro de la disputa: cuotas, reglas nuevas y tensiones internas

Dentro de ese esquema, uno de los capítulos más sensibles del acuerdo es el vinculado a la carne, tanto por su peso económico como por las tensiones políticas que genera dentro del propio Mercosur. El tratado estableció una cuota total de 99.000 toneladas de carne vacuna, equivalente a unas 75.000 toneladas sin hueso, con un arancel reducido del 7,5%, que irá escalando progresivamente hasta alcanzar su volumen máximo en los próximos años.

Sin embargo, el foco del conflicto no está solo en el acceso al mercado europeo, sino en cómo se distribuye ese volumen entre los países del bloque. Brasil impulsa un criterio basado en exportaciones totales, mientras que Argentina y Uruguay buscan priorizar su historial de ventas hacia la Unión Europea y Paraguay propone un esquema de reparto equitativo.

En paralelo, Argentina avanzó con la reglamentación interna para operar estos contingentes. A diferencia de otros productos agropecuarios, cuyas cuotas fueron normadas de manera general dentro del nuevo esquema del acuerdo, la carne bovina quedó bajo un régimen específico y diferenciado. Las resoluciones oficiales integran los nuevos contingentes al sistema vigente de la Cuota Hilton, actualizando sus normas de asignación, certificación y control, e incorporando los procedimientos necesarios para administrar las nuevas cuotas derivadas del acuerdo.

Este marco regulatorio busca ordenar el acceso a los beneficios, garantizar trazabilidad y asegurar la coordinación con el resto de los países del Mercosur. Sin embargo, mientras no se resuelva la distribución interna de las cuotas, el potencial del sector cárnico, uno de los grandes ganadores del tratado, seguirá condicionado por la negociación política dentro del bloque.