El Gobierno nacional confirmó este martes que enviará al Congreso una nueva Ley de Salud Mental. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras que desde el Ministerio de Salud señalaron que el objetivo es "mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario" y adaptar la norma a las necesidades actuales de atención.

Uno de los cambios centrales apunta a las internaciones involuntarias. Según las fuentes oficiales citadas por TN y La Nación, en situaciones de urgencia un médico psiquiatra podrá indicar la internación, que luego deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. Además, el proyecto propone extender de 10 a 24 horas el plazo para notificar a la Justicia y habilita que una internación voluntaria pueda pasar a involuntaria si el paciente pide el alta y se considera afectada su capacidad de decidir.

La iniciativa también modifica el criterio para evaluar el riesgo. En lugar del actual requisito de "riesgo cierto e inminente", el texto oficial plantea una "situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros", incorporando contexto, antecedentes recientes y evolución previsible del cuadro para permitir intervenciones más preventivas.

Otro eje del proyecto es revisar el esquema de cierre de hospitales psiquiátricos. El Gobierno sostiene que la aplicación de la ley no es homogénea en el país: de las 23 provincias, 16 adhirieron formalmente, 18 cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 tienen camas de internación. Por eso, en vez de profundizar la desinstitucionalización, propone fortalecer una red por niveles de complejidad que incluya hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios, comunitarios y residencias asistidas.

El proyecto también prevé reemplazar el término "padecimiento mental" por categorías basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades, reforzar registros como el RESAM y ampliar la participación del Ministerio de Salud y de áreas técnicas en el órgano de revisión del sistema. Con el anuncio ya realizado, la discusión quedará ahora en manos del Congreso, donde deberá abrirse uno de los debates sanitarios más sensibles del año.