Después de más de dos meses retenida por las autoridades brasileñas, Agostina Páez regresó este miércoles a la Argentina y puso fin a una etapa de fuerte exposición judicial y mediática en Río de Janeiro. La santiagueña arribó cerca de las 19.20 al Aeroparque Jorge Newbery, acompañada por parte de su equipo legal, entre ellos la abogada brasileña Carla Junqueira.

El regreso fue posible luego de que la Justicia de Río de Janeiro le concediera un hábeas corpus que revirtió la decisión previa de obligarla a permanecer en Brasil hasta el fallo. El camarista Luciano Silva Barreto consideró que, una vez cerrada la etapa de recolección de pruebas, retenerla en ese país constituía una restricción ilegal de la libertad.

Para hacer efectivo ese beneficio, Páez debió pagar una caución equivalente a 60 salarios mínimos brasileños, una suma cercana a los US$20.000, además de mantener actualizado su domicilio y sus datos de contacto en la Argentina. La transferencia fue realizada el martes y permitió destrabar su salida de Río de Janeiro.

La causa se originó el 14 de enero, cuando la abogada fue denunciada por injuria racial tras un altercado en un bar de Ipanema, donde quedó filmada haciendo gestos racistas contra empleados del local. En el último tramo del proceso, la acusación unificó los cargos y pidió la pena mínima de dos años, mientras la defensa planteó que cualquier medida alternativa pudiera cumplirse desde Santiago del Estero.

Tanto la fiscalía como la querella aceptaron esa posibilidad, por lo que ahora resta que la jueza del caso decida si homologa el acuerdo. Si eso ocurre, la condena podría traducirse en trabajos comunitarios, cursos obligatorios o una multa, en lugar de una pena de prisión efectiva. El veredicto final podría conocerse en las próximas semanas.

En sus últimas declaraciones públicas, Páez aseguró estar arrepentida, negó ser racista y describió los meses en Brasil como una “pesadilla”. Con su regreso, la abogada podrá atravesar la etapa final del proceso desde la Argentina, aunque el expediente judicial en su contra sigue abierto.