El juez federal Daniel Rafecas dispuso la prohibición de salida del país, la inhibición general de bienes y el congelamiento de cuentas bancarias de las personas y la firma que figuran como propietarias de la fastuosa quinta de Villa Rosa, en Pilar, que la Coalición Cívica vincula a las autoridades de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino. Las medidas alcanzan a Luciano Pantano, a su madre Ana Lucía Conte y a la empresa Real Central SRL.

La propiedad -que cuenta con helipuerto, haras y un amplio galpón donde se habrían acumulado autos antiguos, deportivos y de colección- está registrada a nombre de Pantano, Conte y la firma mencionada. Según la información fiscal recibida por el juzgado, Real Central SRL figura como titular de al menos 59 vehículos entre autos y motos, varios de ellos de alta gama.

El perfil económico de los supuestos propietarios motivó las dudas iniciales. Conte fue monotributista hasta 2012 y durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Luego obtuvo una jubilación bajo PAMI. En mayo de 2022 comenzó a figurar como trabajadora autónoma con ingresos por $15.000 mensuales, al mismo tiempo que se convirtió en accionista mayoritaria de la empresa que adquirió el lote en Pilar.

Pantano, por su parte, estuvo inscripto en el régimen simplificado con una facturación anual máxima de $40 millones y registró deudas bancarias hasta septiembre de este año. La Coalición Cívica considera incompatible ese perfil con la compra de una propiedad valuada en cifras millonarias y asentada en dos lotes que totalizan más de 105.000 metros cuadrados.

El acusado tiene además vínculos en el ambiente del deporte: fue presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y ocupó cargos en la tesorería del Club Almirante Brown.

Hasta tanto se avance en la tasación del inmueble -cuyos peritos serán designados mañana-, Rafecas mantuvo a la Policía Federal apostada en los tres accesos a la quinta. Las consignas deben registrar y fotografiar personas y vehículos que entren o salgan del predio.

La causa investiga si la propiedad pertenece en realidad a Tapia y Toviggino o si está a nombre de testaferros, como denunció la Coalición Cívica al presentar la acción penal el 1° de diciembre en Comodoro Py.

El expediente atravesó una rápida disputa de competencia. Rafecas se declaró inicialmente incompetente y lo remitió al fuero Penal Económico, al considerar que se trata de presuntos delitos de lavado o evasión sin funcionarios públicos involucrados. Pero el juez Javier López Biscayart rechazó la causa y la devolvió al fuero federal.

Finalmente, el expediente regresó al juzgado de Rafecas, quien dio intervención al fiscal Ramiro González. El fiscal impulsó la investigación y solicitó una serie de medidas de prueba que están en ejecución.

La Cámara Federal deberá resolver esta semana qué juzgado quedará definitivamente a cargo del caso. Mientras tanto, la investigación avanza con un cerco judicial sobre los bienes y movimientos de los formalmente declarados propietarios del predio.