Según un informe reciente de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza en Argentina se situó en el 36,3% y la pobreza extrema en el 6,8% al cierre del tercer trimestre, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Si bien estas cifras representan una disminución con respecto al tercer trimestre de 2024 (45,6% y 11,2%, respectivamente, las más altas desde 2005), esta estabilización aún no se ha traducido en mejoras tangibles en el bienestar.

El informe de la UCA, "Estrés y bienestar en una Argentina en transición", revela que Argentina ha experimentado un proceso de "ajuste más normalización", en lugar de desarrollo. Esto ha resultado en una paradoja: a pesar de la menor inflación, los precios relativos más equilibrados, la menor nominalidad y el aumento de la capacidad fiscal del Estado, millones de hogares siguen luchando con ingresos insuficientes, empleos de menor calidad, inseguridad alimentaria persistente y un alto nivel de angustia subjetiva.

La UCA advierte que las cifras oficiales están infladas por los cambios en la forma en que la EPH captura los ingresos, y que sin este ajuste, la disminución de la pobreza sería considerablemente menor. Además, la pobreza se mide por los ingresos con respecto a las canastas basadas en los patrones de consumo de 2003-2004, ya que la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018 aún no se ha incorporado. Una ponderación actualizada probablemente modificaría la tendencia de la pobreza, capturando mejor el impacto del aumento de los costos de los servicios desde la segunda mitad de 2024. Con una canasta más actual, la pobreza habría aumentado menos después de la devaluación de diciembre de 2023, pero también habría mostrado una reducción más lenta en los trimestres siguientes.

El informe también destaca la tensión acumulada de más de una década. El alejamiento del modelo de post-convertibilidad ha allanado el camino para un sistema que favorece a los sectores de alta productividad con baja demanda de mano de obra. Si bien este enfoque puede estabilizar la economía, no garantiza la inclusión y, sin políticas de apoyo, corre el riesgo de ampliar la brecha entre los integrados, los vulnerables y los excluidos.

El mercado laboral se identifica como un problema central, donde las mejoras en la inflación no han sido suficientes para restaurar los salarios reales o detener el deterioro de la calidad del empleo. Actualmente, el 33,1% de los hogares están fuera del sistema de seguridad social. El déficit sigue siendo alto entre 2023 y 2025, especialmente entre los hogares más vulnerables, y los recientes aumentos de ingresos no se han traducido en una mayor cobertura contributiva para los estratos de bajos ingresos.