Este martes, el juez Manuel García-Mansilla se presentó ante la Justicia para defender su designación por decreto para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de una causa que busca impugnar su pliego y el de su colega Ariel Lijo. En su intervención, García-Mansilla afirmó que su nombramiento solo puede ser revocado a través de un juicio político, en caso de que fuera necesario.

En un extenso escrito presentado ante el juez Alejo Ramos Padilla, quien lleva la causa, García-Mansilla resaltó que el nombramiento por decreto, ratificado por la toma de juramento realizada por la Corte, no puede considerarse una arbitrariedad ni una ilegalidad manifiesta, tal como lo requieren los artículos 43 de la Constitución Nacional y la Ley 16.986 de Amparo.

El juez sostuvo que la Constitución Nacional otorga expresamente al Presidente de la Nación la facultad para realizar nombramientos en comisión, y que la toma de juramento por parte de la Corte no puede ser objetada de forma arbitraria. Según García-Mansilla, la única autoridad competente para removerlo de su cargo es el Congreso de la Nación a través de un juicio político, destacando que "un juez no puede remover a otro juez".

En cuanto a la legitimidad de los demandantes que impulsaron la causa, García-Mansilla argumentó que estos carecen de legitimación activa para impugnar su nombramiento. Explicó que, ni el carácter de "ciudadano" ni las asociaciones que invocan principios sobre el buen funcionamiento del sistema judicial los habilitan para presentar la impugnación, ya que no demuestran un interés o derecho personal afectado por la designación.

En su escrito, García-Mansilla además consideró que la acción de amparo presentada es inadmisible, ya que no cumple con las exigencias constitucionales ni con los requisitos legales. Aseguró que la impugnación debería ser rechazada sin más trámite.

En otro de los puntos de su defensa, el juez argumentó que su nombramiento es esencial para el adecuado funcionamiento de la Corte Suprema, que actualmente cuenta con más de 90.000 expedientes en trámite. Recordó que la Corte ha operado en los últimos años con tres miembros, lo que ha generado inconvenientes por la falta de integración completa. Añadió que la ausencia de un miembro en un tribunal colegiado de cinco integrantes impacta directamente en la capacidad de resolución de los casos, y afecta las mayorías necesarias en la toma de decisiones.

El magistrado también respondió a quienes argumentaron que su nombramiento podría ser cuestionado, señalando que este se enmarca dentro de la necesidad de la Corte de estar plenamente integrada, en un momento de alta acumulación de casos.

La causa en su contra

La causa que pone en cuestión la validez de los nombramientos de García-Mansilla y Lijo fue iniciada por organizaciones como el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), Poder Ciudadano, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), junto al abogado Luis Fernando Cabaleiro. Estas entidades argumentan que los nombramientos realizados por el presidente Javier Milei son inconstitucionales.

Además, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se sumó a la impugnación, afirmando que el decreto presidencial es "inconstitucional y nulo de nulidad absoluta e insanable".

El juez Ramos Padilla, encargado de la causa, decidió tratar el caso como un amparo colectivo. Desde el inicio, el Gobierno ha presentado múltiples recursos para frenar el proceso, incluyendo un pedido para recusar al magistrado, que fue rechazado por la jueza Cecilia de Negre. De este modo, Ramos Padilla continuará al frente de la causa.

Cabe recordar que una situación similar ocurrió en 2016, cuando Ramos Padilla intervino en una causa similar contra los nombramientos por decreto de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, ordenando que la Corte no les tomara juramento.