Con le objetivo de mejorar la infraestructura vial y la eficiencia administrativa, el presidente de la Nación, Javier Milei, firmó el Decreto 28/2025 que establece nuevas disposiciones para privatizar las rutas nacionales, a través del sistema de concesión de obra pública por peaje.

El decreto, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, afirma que "con el fin de reducir el gasto público resulta conveniente delegar en el sector privado la conservación y el mantenimiento de tramos de rutas nacionales, cuya gestión se encuentra actualmente a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad".

Uno de los aspectos más relevantes del decreto es la prórroga de la concesión del Corredor Vial Nacional N° 18, que abarca más de 600 kilómetros de rutas, incluyendo pasos fronterizos con Uruguay y Brasil. Este corredor es crucial no solo para la región del Litoral argentino, sino también para la conexión con los países del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), siendo vital para el comercio internacional.

Estas concesiones abarcan las siguientes rutas estratégicas: la RN 12, desde Zárate hasta Ceibas y de Ceibas a Gualeguay; la RN 14, que conecta Ceibas con Paso de los Libres; la RN 135, entre Colón y General Artigas; la RN A-015, que une Concordia con la Represa Salto Grande; la RN 117, desde Paso de los Libres hasta Agustín P. Justo y de allí al límite internacional con Brasil; y finalmente, la RN 174, que vincula Rosario con Victoria.

"Con el fin de garantizar la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario de todos los Tramos de la Red Vial Nacional detallados en el anexo que integra el presente decreto, y para la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales, resulta conveniente otorgarlos en concesión de obra pública por peaje, bajo el régimen de la Ley Nº 17.520 y sus modificatorias", indica el documento.

El Decreto 28/2025 se enmarca dentro de la Ley N° 27.742, que promueve la reorganización administrativa del Estado, buscando hacer la gestión pública más eficiente y transparente.

En cuanto a la implementación, el decreto habilita al Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, para llevar adelante el proceso de licitación pública nacional e internacional, y supervisar todo el proceso de concesión de los tramos viales.