Hasta ahora, rige la segmentación en tres niveles, tomando en cuenta los ingresos familiares, que diseñó el exministro de Economía Martín Guzmán y que se implementó con la llegada de Sergio Massa.

Rodríguez Chirillo había propuesto implementar una canasta básica energética (CBE), que implicaba tener un esquema de subsidios muy focalizado en los usuarios, ya que no solo se tenía en cuenta los ingresos del hogar y la cantidad de miembros que residían, sino la zona bioambiental del país en la que vivían.

Si bien el Ministerio de Economía había publicado el decreto 465/2024, en el cual se establecía un plazo de seis meses para aplicar la CBE, hasta el 30 de noviembre, con posibilidad de extenderlo por seis meses más, en el Gobierno admiten que este esquema de subsidios no se va a implementar.

"Hay una idea que es eliminar la segmentación y que haya solo usuarios con subsidio y sin subsidio directamente, que es más simple. Lo que se está evaluando es prorrogar por otros seis meses el esquema de transición actual, en el cual se van a ir bajando los topes de subsidio hasta que queden solo dos tipos de usuarios: con y sin subsidios", dijeron fuentes oficiales de la Secretaría de Energía.

Actualmente, en gas, los usuarios de ingresos bajos (N2) pagan el 36% del valor de referencia sobre un bloque de consumo y los de ingresos medios (N3), el 45%, lo que equivale a una bonificación de 64% y de 55%, respectivamente. La idea del Gobierno es ir bajando los topes de bonificación, para que cada vez los hogares paguen una mayor parte del precio de referencia.

Igualmente, como el precio de referencia sigue subsidiado, las industrias, comercios y los hogares de altos ingresos (N1) también reciben transferencias y pagan el 64% del costo del gas; los de ingresos bajos (N2), el 23%, y los de ingresos medios, el 29%. El resto del costo lo cubre el Ministerio de Economía con subsidios.

En electricidad, los usuarios N2 y N3 tienen un consumo bonificado hasta un volumen máximo, que es de 350 kwh por mes para los hogares de ingresos bajos y de 250 kwh para los de ingresos medios. Hasta ese tope de consumo, los usuarios N2 pagan el 28% del valor de referencia y los N3, el 44%; esto equivale a una bonificación de 72% y de 56%, respectivamente.

Al igual que en gas, como el valor de referencia también está subsidiado, las industrias, comercios y hogares de altos ingresos pagan el 93% de lo que cuesta la generación eléctrica; mientras que los usuarios residenciales N2 pagan el 26% hasta 250 kwh de consumo por mes y 93% sobre el excedente, y los N3, el 41% por el consumo bonificado hasta 350 kwh y 93% sobre el excedente.

La idea oficial es volver a una política tarifaria similar a la que se aplicó durante el gobierno de Mauricio Macri, en la cual había un precio único de gas y electricidad, y se le otorgaba una tarifa social a aquellos usuarios que percibían ingresos por debajo de dos salarios mínimos, entre otros requisitos, con un tope de consumo subsidiado.

La tarifa social implicaba una bonificación del 100% para usuarios residenciales que cumplieran las condiciones de ingresos por un consumo de hasta 150 kwh por mes y un descuento por el excedente de ese umbral, que todavía se mantiene a nivel provincial, ya que el financiamiento de los subsidios pasó a los gobernadores en el caso del servicio eléctrico. En gas, en tanto, se mantuvo el subsidio a cargo de Nación.

Con ayuda y financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el objetivo de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería, que dirige Daniel González, es unificar todo el esquema de subsidios a la forma de segmentación que prevaleció durante el gobierno de Macri. Sin embargo, en vez de usar de referencia los dos salarios mínimos, se seguiría utilizando la variable de la canasta básica que publica el Indec, como ocurre actualmente para segmentar en tres niveles.

"Este cambio, en mi opinión, va a ser una corrección de rumbo de colisión justo a tiempo y, por lo tanto, un mejor camino. Va a ser, además, algo en línea con el 'diálogo' de apoyo financiero que el Gobierno está manejando con los organismos multilaterales como el Banco Mundial o el BID. Pero el avance de este cambio no está asegurado si al mismo tiempo no se corrige algo que no se entendió bien en 2016-19 (y que hasta se complicó innecesariamente) que es que no puede haber buena reforma de tarifa social sin reforma de la estructura tarifaria", opinó Fernando Navajas, economista jefe de FIEL y especialista en el sector energético.

"La Argentina tiene pendiente corregir una configuración ineficiente y no-equitativa de bloques de consumo que determinan diferencias astronómicas de cargos fijos y de distintos cargos variables. Se debe ir a una tarifa en solo dos partes (cargo fijo y cargo variable) que acomode subsidios de suma fija en vez de precios diferenciados y se debe avanzar en coordinar una reforma impositiva (más allá de la reciente decisión de excluir cargos no vinculados al servicio) en todos los niveles de gobierno, que ayude a reformar las estructuras tarifarias, eliminar subsidios y financiar la instalación de medidores en los hogares, tal que permita la 'tarificación' inteligente de la energía y el uso de potencia", agregó.

En los primeros nueve meses del año (últimos datos oficiales), el Ministerio de Economía destinó subsidios por US$5192 millones, lo cual implica un ahorro de US$2895 millones con relación al mismo período del año pasado (US$8087 millones), según estimaciones de la consultora Economía y Energía (EyE).

El ahorro se debió, por un lado, al aumento de tarifas de luz y gas a hogares de ingresos altos, industrias y comercios, y, por otro lado, a la baja de costos por los menores precios de gas, gracias a que se reemplazaron importaciones por producción local de Vaca Muerta.

De total de transferencias al sector energético, US$3186 millones se destinaron a Cammesa (62%), la compañía con control estatal encargada de los despachos de energía eléctrica; US$1721 a la empresa estatal Enarsa (33%), encargada de las importaciones de gas; apenas US$166 millones al esquema de subsidios a la producción de gas (3%), y US$119 millones a otras formas de bonificaciones (2%). (La Nación)