Luego de oficializar el veto a la ley de financiamiento universitario, y un día después de la masiva movilización en respaldo a las universidades públicas, el presidente Javier Milei se mostró con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

El almuerzo y la selfie posterior se trató del primer gesto de respaldo del Presidente a los funcionarios que tienen a su cargo, junto al secretario de Educación, Carlos Torrendell, ausente en la foto, la negociación con las casas de altos estudios. También, su primera aparición pública luego de vetar la ley que busca recomponer los presupuestos de las universidades y los salarios de sus docentes frente al impacto de la inflación.

Anoche, luego de la masiva marcha universitaria, la Oficina del Presidente lanzó un comunicado en el que advirtió que Milei seguía firme en su posición de vetar la ley de financiamiento universitario, a la que definió como "un irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las universidades". En el texto, la Casa Rosada señaló: "Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos" y calificó a la marcha universitaria como "una manifestación política". Además, habló de la existencia de un acuerdo entre dirigentes de la oposición en contra del oficialismo.

"El Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse en una nueva convergencia pública. Esta coalición objetiva deja en claro su intención de obstruir la consolidación del plan económico del Presidente. Se trata de un frente populista de izquierda, en defensa de los privilegios de la dirigencia política", expresó la comunicación oficial, que mencionó el reclamo universitario como una "causa noble", pese a su rechazo a satisfacer la demanda.

Después de la medianoche, el Boletín Oficial publicó el decreto con el veto presidencial. "El proyecto de ley en análisis no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al Gobierno políticamente", afirmó en sus considerandos.

"Dar cumplimiento a la medida sancionada por el Congreso dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo", agregó. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el impacto de la ley de financiamiento universitario rondaría el 0,14% del PBI. (La Nación)