En medio de investigaciones judiciales que avanzan a un ritmo acelerado, fuertes cruces con la oposición y conflictos internos en aumento, el Gobierno intenta no tener un traspié político en la exposición del jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados. La estrategia del Ejecutivo.
El 29 de abril no está demasiado lejos en el horizonte. Es la fecha prevista para el postergado informe de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados.
Pero no está claro aún cómo llegará el jefe de Gabinete a ese momento, ya que las investigaciones judiciales sobre su patrimonio, ingresos, viajes al exterior y negocios de su esposa, Bettina Angeletti, marchan a ritmo acelerado.
Todo está en manos del juez Ariel Lijo, aquel que estuvo muy cerca de integrar la Corte Suprema de Justicia, pero quedó en el camino al fracasar la estrategia de la Casa Rosada.
Ahora, los libertarios desconfían del ritmo acelerado que tiene su juzgado y la libertad de acción que le dio a los fiscales Gerardo Pollicita y Carlos Stornelli.
Con el aval de Javier Milei, el presidente de la cámara baja -Martín Menem- y su primo Lule Menem están trabajando para lograr un dificultoso "pacto de convivencia" con la oposición y los aliados, del que no son ajenos Karina Milei y el asesor Santiago Caputo, para que no sea traumática la presencia de Adorni.
El ministro del Interior, Diego Santilli, no está al margen de esa estrategia y aprovecha que viene hablando con los gobernadores en busca de un acuerdo por los fondos adeudados a las provincias y el tratamiento de leyes que le interesan -y mucho- a Milei.
Adorni recibió casi cinco mil preguntas de los diputados y una buena parte corresponde a la polémica que está protagonizando y que derivó en denuncias ante la Justicia.