La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, acusándolo de terrorismo, alzamiento armado y otros delitos relacionados con los bloqueos que paralizaron el país durante 53 días entre mayo y junio. La medida también incluye a otros dirigentes sindicales y campesinos identificados como organizadores de las protestas. La orden, firmada por el fiscal anticorrupción Brayan Melgar, instruye a la Policía a detener a Morales y trasladarlo a la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra la Corrupción. Esta decisión surge de denuncias presentadas por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno.

La investigación abarca seis cargos: alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. Las acusaciones se originaron el 1 de julio por una denuncia penal del Comité Pro Santa Cruz, que responsabilizó a Morales de impulsar las movilizaciones que bloquearon más de cien rutas en varias regiones.

Durante siete semanas, organizaciones campesinas, miembros de la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines a Morales establecieron más de 100 puntos de bloqueo, principalmente en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Las protestas exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz y causaron un grave desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal. Según la Defensoría del Pueblo y organizaciones cívicas y sociales, el conflicto dejó al menos 22 muertos, 88 heridos y pérdidas económicas superiores a los USD 3.000 millones, afectando gravemente la producción y distribución de mercancías, especialmente en Santa Cruz.

Morales rechazó las acusaciones, denunciando persecución política. En un mensaje publicado en X, afirmó que el proceso busca culparlo por las movilizaciones para desviar la atención de la crisis económica y social de Bolivia. Aseguró que nunca promovió la renuncia del presidente Paz y que las protestas fueron resultado del descontento social. Sin embargo, el 24 de mayo había sugerido que el mandatario tenía "dos caminos": militarizar el país o convocar a elecciones en 90 días.

Morales permanece resguardado por sus seguidores en el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024. Adicionalmente, enfrenta otra causa judicial por trata agravada de personas, vinculada a una presunta relación con una menor de edad durante su presidencia. En mayo, un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía por no presentarse al inicio del juicio y emitió una orden de captura que aún no ha sido ejecutada.