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La autoridad aeronáutica brasileña detectó que la low cost argentina canceló el 79% de sus vuelos durante julio.
La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil aplicó nuevas restricciones a Flybondi luego de detectar un elevado nivel de cancelaciones y problemas en la atención a los pasajeros. Desde este miércoles 29 de julio, la aerolínea argentina no podrá vender nuevos pasajes para algunas de sus operaciones en territorio brasileño.
La medida fue adoptada de manera cautelar ante lo que el organismo considera señales de un deterioro en la capacidad operativa de la compañía. Según los datos oficiales, entre el 1 y el 27 de julio Flybondi canceló el 79% de los vuelos registrados en Brasil.
El regulador también detectó diferencias entre los servicios que habían sido programados y aquellos que finalmente se realizaron, además de un crecimiento de los reclamos relacionados con reembolsos, modificaciones de vuelos y dificultades para comunicarse con la empresa.
La disposición impide que la compañía continúe comercializando nuevos pasajes hacia Florianópolis, Maceió y Salvador de Bahía mientras no pueda demostrar una operación regular en esos destinos.
Flybondi tampoco podrá ampliar su presencia en Brasil. Esto significa que, mientras continúe vigente la medida, no podrá incorporar nuevas rutas, aumentar frecuencias ni sumar otros servicios.
La situación también podría alcanzar a la conexión entre Buenos Aires y Río de Janeiro. La autoridad brasileña estableció como fecha límite el 3 de agosto para que la empresa demuestre que realizó las correcciones exigidas.
Si Flybondi no cumple con esos requerimientos, también podría quedar suspendida la venta de nuevos pasajes para la ruta que conecta Buenos Aires con el aeropuerto internacional de Galeão.
Las restricciones no anulan los boletos que ya fueron emitidos. Los pasajeros que tengan vuelos programados mantienen sus reservas.
En caso de una cancelación, la compañía deberá cumplir con las obligaciones previstas por la legislación brasileña. Entre las alternativas se encuentran la reprogramación sin costo y la devolución total del dinero, que deberá efectuarse dentro de los siete días posteriores a la solicitud.
La medida aplicada por Brasil puede ser revisada si Flybondi demuestra que logró normalizar sus operaciones y solucionar las irregularidades detectadas. Mientras tanto, el organismo continuará siguiendo el desempeño de la compañía.
Los problemas operativos de la low cost también generaron cuestionamientos en Argentina. La senadora nacional por Mendoza Mariana Juri, presidenta de la Comisión de Turismo del Senado, presentó un pedido de informes para conocer qué medidas adoptó la autoridad aeronáutica argentina frente a las reiteradas cancelaciones y demoras.
Entre otros puntos, solicitó información sobre las infracciones y sumarios iniciados durante 2025 y 2026, las sanciones aplicadas, los reclamos presentados por pasajeros y las acciones implementadas para asistir a los usuarios afectados.
Juri también pidió conocer la situación de la flota de Flybondi y determinar si la cantidad de aeronaves disponibles resulta suficiente para cumplir con los vuelos que la compañía comercializa.
Según los datos incluidos en el planteo de la legisladora, Flybondi habría cancelado más del 20% de sus vuelos programados desde comienzos de 2026. Desde abril, esa proporción habría aumentado hasta el 36%.
Los indicadores citados también señalan que solo el 26,6% de los servicios habría despegado dentro de los primeros 15 minutos del horario previsto y que la demora promedio habría alcanzado los 131 minutos.
Otro de los puntos bajo análisis es la reducción de la flota operativa. Mientras en enero la compañía habría contado con un promedio cercano a 19 aeronaves activas por día, durante los últimos meses ese número habría descendido hasta aproximadamente tres.
El pedido busca establecer si Flybondi continuó ofreciendo vuelos pese a no disponer de una cantidad suficiente de aviones para garantizar las operaciones previstas.
Si las investigaciones determinan incumplimientos, la compañía podría enfrentar sanciones económicas, nuevos sumarios y restricciones sobre sus operaciones. En Brasil, algunas de esas medidas ya comenzaron a aplicarse.
