El caso ha generado gran polémica en Brasil y ha llevado a la ONU y a organismos de derechos humanos a pedir investigaciones independientes.

---

Mientras que las otras dos pruebas periciales dieron resultados "inconclusos".

Hasta el momento, la cifra de muertos no está clara y varí­a según la fuente. Según cifras de la Defensorí­a Pública, una institución pública que recopiló los datos, el balance de fallecidos llega a 132, pero el Gobierno regional solo ha confirmado 121 (117 civiles y cuatro agentes de seguridad).

Según la policí­a, "por lo menos" 97 personas tení­an antecedentes criminales "relevantes" y 59 eran buscados por órdenes judiciales de detención.

Otros 17 no presentaban antecedentes criminales. Sin embargo, la Policí­a consideró que 12 de ellos "demostraron indicios de participación" en el narcotráfico en sus redes sociales.

"Esta mí­nima fracción de narcoterroristas neutralizados que no tení­an antecedentes penales ni imágenes en redes sociales portando armas o demostrando ví­nculos con facciones criminales no significa nada. Si no hubieran reaccionado al abordaje de los policí­as, habrí­an sido detenidos", según el secretario de Policí­a Civil de Rí­o de Janeiro, Felipe Curi, citado en el infome.

Además, el informe detalló que 62 de los fallecidos eran foráneos al estado de Rí­o de Janeiro, la mayorí­a oriundos de los estados de Pará (19), de Bahí­a (12), Amazonas (9) y Goiás (9). El resto se divide entre Ceará, Paraí­ba, Maranhí£o, Mato Grosso, Espí­rito Santos, Sí£o Paulo y Distrito Federal.

El informe reveló la presencia de lí­deres de grupos armados de al menos 11 estados del paí­s vinculados al Comando Vermelho refugiados en Rí­o de Janeiro.

"La investigación concluida es el verdadero retrato del escenario del que he estado hablando insistentemente. Fue un duro golpe para la delincuencia. Entre los que murieron al reaccionar a la acción de las fuerzas policiales, habí­a varios lí­deres criminales", expresó el gobernador del estado, Cláudio Castro, en un comunicado.

El megaoperativo policial en los complejos de favelas Penha y Alemí£o, que movilizó a 2.500 agentes, tení­a como objetivo combatir el Comando Vermelho.

El caso ha generado una fuerte polémica en Brasil y ha llevado a la ONU y a organismos de defensa de derechos humanos a pedir investigaciones independientes.