Basándose en un nuevo informe que se apoya en datos oficiales del gobierno de Mendoza, el gobierno de La Pampa aseguró que el río cuenta con suficiente caudal para cumplir con la sentencia de la Corte Suprema de 2020, con el fin de detener el daño económico y ambiental.

En el marco del caso 243/2014, la Corte Suprema estableció un caudal mínimo permanente de 3,2 m3 por segundo para el río Atuel en la frontera entre La Pampa y Mendoza. El objetivo es detener el daño ambiental causado por Mendoza debido a la falta de flujo de agua en territorio pampeano, hasta que se resuelva la cuestión principal.

Cuatro años después de esta sentencia, que nunca se cumplió, un estudio técnico demuestra que hay suficiente agua en el río, lo que ha generado nuevos reclamos y acciones judiciales y políticas por parte del gobierno de Sergio Ziliotto.

El informe fue elaborado por la parte pampeana del Comité Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), que incluye representantes tanto de La Pampa como de Mendoza. La conclusión unánime es que hay agua disponible en la cuenca del Atuel, que Mendoza retiene ilegalmente.

El gobernador Ziliotto declaró: "El argumento de que el caudal del Río Atuel es insuficiente cae rotundamente: hay agua. Solo necesitamos que Mendoza cumpla con la sentencia de la Corte Suprema. No solo dejando correr el agua hacia La Pampa, sino también aceptando una gestión compartida y eficiente de la cuenca. El Río Atuel también pertenece a La Pampa. Ya no hay excusas para detener su retorno definitivo".

El informe también señala un manejo ineficiente del recurso, prácticas que perjudican el caudal aguas abajo y un aumento en el número de embalses desde que se emitió la sentencia de 2020, que se presentará como prueba ante la Corte Suprema.

La demanda de La Pampa ante la Corte Suprema coincide con el anuncio del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, de destinar los fondos de la represa Portezuelo del Viento a otros fines, lo que detiene el proyecto. La obra, sobre el río Grande en la cuenca del Colorado, no contaba con el acuerdo del comité de cuenca.

Esta autorización fue concedida por el presidente Mauricio Macri en 2019, lo que se interpretó como un gesto político hacia Cornejo, quien buscaba la candidatura a vicepresidente.