La provincia de Mendoza busca ser parte de los miles de millones de dólares que el país espera ganar con la producción de cobre en los próximos años. El camino no es fácil para una provincia, que durante muchos años rechazó la minería y hoy no goza de la confianza de los inversores. Sin embargo, el gobierno actual está tomando las medidas necesarias para promulgar legislación que permita proyectos y desarrollos de "minería sustentable".

Un informe de 2022 del Instituto Fraser clasificó a la provincia de Mendoza (junto con Chubut) entre las 10 peores jurisdicciones del mundo en términos de conciencia política, mientras que  San Juan ocupó un lugar destacado en el recuento de todos los estados latinoamericanos. Esto se debe principalmente a la oposición de la Legislatura de Mendoza, con importante apoyo comunitario, a la reforma minera propuesta por el exgobernador Rodolfo Suárez. El actual gobernador, Alfredo Cornejo, busca pasar esa página.

La Cámara de Diputados de Mendoza discutirá próximamente en el recinto el proyecto presentado por Cornejo para reformar el Código de Procedimientos Mineros, permitiendo avanzar en proyectos sobre el cobre.

Hace unas semanas, la provincia de San Juan invitó a Mendoza a unirse a la mesa, que incluía jurisdicciones donde el proyecto estaba en desarrollo. Tras la invitación, que será anunciada oficialmente en mayo, Cornejo aseguró que "Mendoza tiene un apetito evidente por el cobre, y estamos comprometidos en extraerlo de manera sostenible y productiva para el beneficio de los mendocinos y la Argentina toda".

En febrero, el gobernador visitó el principal evento minero mundial, el PDAC en Canadá, para convencer a los inversionistas del potencial de Mendoza, que se concentrará en la región de Malargüe, que también tiene reservas de hidrocarburíferos.