La Corte de Justicia de Mendoza desestimó el recurso extraordinario federal presentado por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, manteniendo la sentencia que confirmó los despidos de los 26 pilotos de Aemsa.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza (SCJM) rechazó formalmente el recurso extraordinario federal interpuesto por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y dejó firme la sentencia que confirmó los despidos de los 26 pilotos de Aeronáutica de Mendoza Sociedad Anónima (Aemsa). La resolución, fechada el 2 de noviembre, cierra la vía para que el gremio eleve el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los ministros Mario Adaro, Norma Llatser y Julio Gómez consideraron que la presentación no cumplía los requisitos necesarios para habilitar la instancia federal. APLA buscaba revertir la sentencia provincial que había descartado la existencia de persecución sindical o discriminación en las desvinculaciones y cuestionaba la ausencia de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) previo a los despidos.
El conflicto se originó en 2024, cuando el Gobierno de Mendoza modificó el sistema de mitigación de granizo y abandonó la siembra de nubes mediante aviones. La reestructuración provocó el cierre del área de operaciones y del taller aeronáutico de Aemsa, lo que derivó en la desvinculación de los 26 pilotos que trabajaban para la empresa estatal.
APLA presentó entonces un amparo sindical, sosteniendo que las cesantías constituían una represalia contra los trabajadores por su actividad gremial y cuestionó tanto las declaraciones públicas de funcionarios provinciales como las decisiones del directorio de la sociedad.
El sindicato también argumentó que la empresa debía haber iniciado un Procedimiento Preventivo de Crisis antes de avanzar con las desvinculaciones, según la normativa laboral vigente.
En agosto de 2025, la Primera Cámara del Trabajo rechazó el amparo, entendiendo que las desvinculaciones estaban vinculadas a la desaparición de la actividad para la cual habían sido contratados los pilotos y que Aemsa había abonado las indemnizaciones completas previstas en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
El 10 de agosto de 2026, la Suprema Corte provincial confirmó ese criterio, al considerar que no había elementos suficientes para acreditar discriminación sindical ni una conducta que justificara la reinstalación o una reparación por daño moral.
El tribunal señaló que el PPC habría sido exigible solo si la empleadora hubiera invocado las causales del artículo 247 de la LCT para pagar indemnizaciones reducidas; sin embargo, Aemsa abonó las indemnizaciones completas previstas en el artículo 245.
Al explicar el fundamento de la decisión, los magistrados indicaron que “el Estado provincial abandonó el sistema de protección agrícola por medio de aviones”.
En ese mismo fallo, la Corte admitió parcialmente el planteo de APLA respecto de las costas, disponiendo su distribución al considerar que el gremio había litigado con razón probable y buena fe.
Disconforme con la decisión, APLA presentó el 3 de septiembre de 2026 un recurso extraordinario federal para intentar que la Corte nacional revisara el caso.
El sindicato invocó el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los convenios 87 y 98 de la OIT y la doctrina judicial sobre discriminación laboral, sosteniendo que existían indicios suficientes de persecución gremial.
La SCJM consideró que esos argumentos no alcanzaban para habilitar la instancia federal, al observar que las normas constitucionales e internacionales fueron invocadas de manera genérica y sin explicar concretamente su relación con el conflicto.
Los magistrados señalaron que “la recurrente se limita a reeditar los mismos argumentos expuestos en el recurso extraordinario provincial, que ya fueron examinados y desestimados por esta Suprema Corte”.
Asimismo, destacaron que la decisión se basó en la falta de evidencia de un comportamiento discriminatorio, persecución sindical o práctica desleal que pudiera avalar la reinstalación o la reparación del daño moral pretendidas por la recurrente.
La Corte también remarcó que el argumento central –el abandono del sistema de protección agrícola mediante aviones– no había sido rebatido de manera suficiente por el gremio.
En contraste con la resolución de agosto, esta vez la Corte impuso a APLA los gastos correspondientes al trámite del recurso extraordinario federal, por lo que el sindicato deberá afrontar las costas de su último intento por revertir judicialmente los despidos.