La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo que tiene por objeto promover la refinanciación de deudas de personas humanas y jurídicas de la provincia, mediante un esquema de beneficios fiscales destinado a incentivar este tipo de operaciones. Al proyecto del Ejecutivo se acumularon otros dos con objetivos similares, de Jorge Difonso (LUM) y Gabriela Lizana (FRMLN).

La iniciativa, aprobada por unanimidad, establece que se considerará refinanciación a aquellas operaciones mediante las cuales una entidad acreedora modifica las condiciones de pago de una deuda existente, incluyendo plazos, cuotas, tasas de interés, garantías u otras cláusulas contractuales, con el objeto de aliviar la carga financiera del deudor y/o mejorar la recuperabilidad del crédito.

También quedan comprendidas aquellas operaciones de refinanciación realizadas por una entidad acreedora que permitan cancelar deudas en otra u otras entidades acreedoras.

El proyecto, establece por otra parte que no se considerará refinanciación "a la cesión, venta, securitización o transferencia de la cartera de deudores a terceros, cualquiera sea su naturaleza jurídica, y faculta al Poder Ejecutivo a determinar mediante reglamentación las condiciones de las deudas que se consideran esenciales a los fines de la norma y otros supuestos que no serán considerados refinanciación.

"La coyuntura económica de los últimos ejercicios ha derivado en un incremento sostenido delnivel de endeudamiento de las familias y empresas mendocinas, verificándose una proporción creciente de deudores calificados por el Banco Central de la República Argentina en las situaciones 2, 3, 4 y 5 de la Central de Deudores del Sistema Financiero. Esta situación no solo compromete la capacidad de consumo, ahorro e inversión de hogares y empresas, sino queincrementa el riesgo de exclusión financiera de un sector significativo de la población", expresa la fundamentación.

No obstante, agrega el texto, "es pertinente señalar que el presente régimen no se limita a atender la situación de los deudores en mora. Por un lado, los beneficios fiscales previstos en esta ley no distinguen según la situación crediticia del deudor, con lo cual alcanza a quienesse encuentran al día con sus obligaciones, así como también a aquellos que se encuentren en situación irregular. Por otro lado, y más allá de este alcance directo, un sistema financiero con altos niveles de morosidad resulta perjudicial para el conjunto de la sociedad: frente a una cartera de créditos de mayor riesgo, las entidades financieras tienden a restringir la oferta de crédito y a elevar las tasas de interés que aplican a la totalidad de sus operaciones, encareciendo y dificultando el acceso al financiamiento, incluso para quienes cumplen regularmente con sus obligaciones."  

Beneficios fiscales

La propuesta del Ejecutivo provincial, señala que teniendo en cuenta su finalidad "seestablece un esquema de beneficios fiscales bajo el cual todas las operaciones de refinanciación quedarán exentas del Impuesto de Sellos y adicionalmente, los ingresos obtenidos por las entidades otorgantes de las refinanciaciones cuya Tasa Nominal Anual no exceda el cuarenta por ciento (40%) y tengan un plazo mínimo de devolución de veinticuatro(24)meses, abonarán Impuesto sobre los Ingresos Brutos con una alícuota reducida delcinco por ciento (5%). Este beneficio busca incentivar a los acreedores y mejorar las condiciones financieras para los deudores".

De esta manera el articulado dispone que Las operaciones de refinanciación que se encuadren en las condiciones previstas estarán exentas del pago del Impuesto de Sellos.

A su vez, los ingresos obtenidos por las entidades otorgantes, originados en contratos de refinanciación cuya Tasa Nominal Anual no exceda el 40% y tengan un plazo mínimo de devolución de 24 meses, abonarán el Impuesto sobre los Ingresos Brutos con una alícuota reducida del 5%.

El régimen tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y el Poder Ejecutivo podrá prorrogarlo por hasta seis meses adicionales.

Las entidades alcanzadas deberán presentar ante la Administración Tributaria Mendoza, con periodicidad mensual, una declaración jurada que acredite el detalle de las operaciones de refinanciación otorgadas durante el período, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

A su vez, la Administración Tributaria Mendoza podrá requerir información complementaria y cruzar los datos declarados con la información de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina.

En caso de falsedad de los datos declarados, la entidad infractora quedará sujeta a las sanciones previstas en el Código Fiscal de la Provincia y deberá abonar los importes correspondientes al Impuesto de Sellos y al Impuesto sobre los Ingresos Brutos omitidos, junto con los accesorios, intereses y multas que correspondan.

"Al promover que las entidades financieras reduzcan su cartera en mora mediante la refinanciación genuina de los deudores alcanzados, lapresente ley contribuye además a la salud general del sistema financiero provincial, sentando las bases para que los deudorescumplidores accedan a mejores condiciones crediticias como consecuencia de la reducción del riesgo sistémico", puntualiza la fundamentación.

Debate

Elisabeth Crescitelli (UCR) explicó los alcances de esta propuesta, destacando que el objetivo es "poder aliviar en cierta manera la morosidad", y expresando que en nuestra provincia hay 875 mil personas que se consideran deudores del sistema, de los cuales aproximadamente un tercio se encuentran en condición de morosidad.

"Esta ley no se aplicará exclusivamente para los que tienen morosidad, sino para el total de las personas que hayan contraído deudas., Aquellos deudores que hayan contraído un crédito a tasas superiores a las que sean establecidas en esta norma, podrán acceder" a refinanciar esas deudas con las entidades que se adhieran "y de esa manera poderlas cancelar con un plazo mayor, con una tasa más baja".

Por su parte, Jorge Difonso (LUM), tras pedir la acumulación de un proyecto de autoría, dijo que "partimos de un diagnóstico muy parecido al que evidentemente se ha tenido en cuenta a la hora de impulsar este proyecto. De 7 medidas que pedíamos nosotros, 4 se están incluyendo. Estamos hablando de una emergencia porque se le está poniendo un plazo en la norma, nosotros lo pedíamos hasta el 30 de noviembre, y en este proyecto se incluye hasta el 31 de diciembre".

Difonso, acotó por otra parte que "se ha roto la cadena de pagos, el índice de morosidad es alto, y por eso es una situación que amerita que el gobierno utilice las herramientas que tiene a cargo para intervenir en la economía, que es lo que hace este proyecto, una medida de intervención".

De igual manera, Gabriela Lizana (FRMLN), pidió la acumulación de un proyecto suyo, que "pone énfasis en la economía familiar" y el cual resulta "complementario" al del Poder Ejecutivo. Dijo al respecto que "el proyecto del Ejecutivo incluye personas humanas y jurídicas; el nuestro a personas humanas y familias, el Ejecutivo propone incentivos tributarios para que los acreedores refinancien, mientras que el nuestro busca la consolidación y refinanciación con instrumentos para una deuda sostenible".

Desde el bloque Fuerza Patria, el diputado Lucas Ilardo consideró que "este proyecto tiene cosas positivas; esto es mejor que nada". Remarcó que "no estamos votando un proyecto de ley para mejorar la industria, para inaugurar una escuela, para dotar a hospitales de tecnología; estamos votando un proyecto para ayudar a que la gente y las familias salgan de las deudas, y es terrible".

Para cerrar, manifestó que "aunque el proyecto tiene cosas buenas, porque busca aliviar el endeudamiento mejorando condiciones de refinanciación disponibles e incentivar a las entidades a ofrecer condiciones más accesibles", a la vez, "el endeudado pone todo, la provincia de Mendoza hace un esfuerzo y resigna recaudación fiscal, y el acreedor sólo recibe beneficios".

Jimena Cogo (PRO), destacó que el proyecto cuenta con "una definición precisa del hecho alcanzado con una exclusión expresa de maniobras elusivas", como también con "mecanismos de controles mensuales a través de los cruces de datos con el Banco Central y hay una vigencia acotada en el tiempo, más una prórroga estipulada que evita convertirse básicamente en un gasto fiscal permanente".

La diputada hizo observaciones respecto a que "el beneficio de Ingresos Brutos alcanza la entidad acreedora y no al deudor", y que "no distingue situaciones del deudor y puede diluir el foco en el segmento más vulnerable".

Nicolás De Pedro (LLA), a su turno, expresó el apoyo de su bloque afirmando que "siempre estamos a favor de la baja de la carga impositiva", y destacó en ese sentido la tarea del presidente del Banco Nación, "que viene trabajando las tasas logrando una baja de seis puntos, pasando de un 35% a un 29%, no solo en lo que respecta la provincia de Mendoza, sino en todo el país".

En tanto, el diputado Germán Gómez (PJ), adelantó el voto positivo y dijo que "este proyecto es una radiografía de la realidad. Es pretender resolver un problema con una ley. Si la economía anduviese bien, no estaríamos tratando este proyecto", y agregó que "hoy tenemos una cifra record de cheques rechazados por mes; hay condiciones de mora de más de 7 millones de argentinos".