La Justicia Federal de Mendoza ordenó a la Obra Social de Petroleros (OSPE) reincorporar a una joven mujer trans, quien había sido desafiliada unilateralmente. La decisión, tomada como medida cautelar, exige a la obra social restituirla al mismo plan de salud que poseía anteriormente.

El caso surgió cuando OSPE consideró que el proceso de afirmación de género de la afiliada debió ser declarado como "enfermedad preexistente" en la declaración jurada de ingreso. Sin embargo, el Juzgado Federal argumentó que no existen elementos suficientes para justificar la desafiliación y que una cirugía de feminización no puede equipararse a una enfermedad preexistente.

La resolución establece que la obra social deberá reincorporar a la afiliada en un plazo de cinco días, manteniendo el mismo plan, cobertura y valor de cuota. Esta medida se mantendrá vigente mientras dure el proceso de amparo.

La acción de amparo sostiene que la desafiliación fue motivada por el conocimiento de la obra social sobre el proceso de afirmación de género de la joven, invocando supuestas "patologías preexistentes". La demanda cuestiona que la cirugía de adecuación corporal sea considerada una enfermedad para excluir a una persona del sistema de salud.

La Justicia señaló que cualquier discusión sobre la falsedad de la declaración jurada se resolverá durante el proceso, garantizando mientras tanto la continuidad de la cobertura médica.

Los abogados de la afiliada, María Laura Cannizzaro y Carlos Aguinaga, destacaron la decisión. Cannizzaro afirmó que "la salud no puede depender de prejuicios" y que "ninguna persona puede ser excluida del sistema de salud por su identidad de género". Aguinaga añadió que las obras sociales no pueden usar figuras legales para excluir a grupos vulnerados. El estudio jurídico continuará el proceso buscando la nulidad de la desafiliación y la protección de los derechos vulnerados.