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Mendoza
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La Provincia oficializó el procedimiento para presentar, evaluar y controlar proyectos científicos sobre cannabis medicinal y cáñamo industrial.
El Gobierno de Mendoza avanzó en la aplicación de la Ley Provincial 9.617 al aprobar el protocolo que regulará todos los proyectos vinculados con la investigación científica, el desarrollo tecnológico y los usos productivos del cannabis medicinal y el cáñamo industrial.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 428 del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, que establece el procedimiento que deberán seguir las iniciativas desde su presentación hasta la evaluación, autorización, inscripción y control por parte de las autoridades provinciales.
El nuevo marco busca unificar los criterios para garantizar que las investigaciones se desarrollen bajo estándares científicos, sanitarios y ambientales. Además, incorpora requisitos vinculados a la trazabilidad de los materiales utilizados, la bioseguridad de los procesos y la fiscalización permanente a través del Registro Provincial del Cannabis y Cáñamo Industrial.
La normativa habilita a presentar proyectos a universidades públicas y privadas reconocidas oficialmente, organismos estatales de ciencia y tecnología, instituciones educativas, laboratorios autorizados y personas físicas o jurídicas que acrediten convenios de colaboración con entidades científicas.
Las investigaciones podrán abordar distintos campos, como aplicaciones medicinales, terapéuticas, veterinarias, nutricionales y cosméticas, además del desarrollo del cáñamo industrial para la fabricación de fibras, biomateriales, bioplásticos, materiales para la construcción y otros productos de origen biológico. También podrán impulsarse iniciativas de innovación tecnológica, programas académicos y proyectos de transferencia de conocimientos.
Antes de iniciar cualquier actividad, cada proyecto deberá atravesar una evaluación técnica y científica en la que se analizarán aspectos como la metodología propuesta, la factibilidad del trabajo, las medidas de bioseguridad y el impacto esperado.
Una vez obtenida la aprobación, la iniciativa deberá inscribirse obligatoriamente en el Registro Provincial mediante una resolución ministerial. Sin ese paso, no podrá ponerse en marcha.
Cada propuesta deberá presentar una estructura mínima que incluya el título del proyecto, un resumen ejecutivo, la justificación del estudio, el marco teórico, los objetivos, la metodología, los aspectos éticos, la bibliografía, el cronograma de trabajo, los recursos necesarios, los antecedentes del equipo de investigación y los resultados previstos.
La guía técnica también establece pautas para la formulación de hipótesis, la selección de muestras, la definición de variables y el diseño de investigaciones tanto cuantitativas como cualitativas.
Los responsables de cada proyecto deberán entregar informes de avance cada tres meses y permitir inspecciones para verificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad, trazabilidad y resguardo de la información.
En caso de incumplimientos, la reglamentación contempla distintas sanciones que van desde apercibimientos y multas hasta la suspensión de las investigaciones, la clausura de establecimientos, el decomiso de materiales y la cancelación definitiva de la inscripción en el registro provincial cuando existan faltas graves o riesgos para la salud pública.
