La sensible causa penal que tiene como protagonista al exsubsecretario de Justicia de la provincia, Marcelo D'Agostino -imputado por los delitos de coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego-, sumó este martes una definición institucional clave. Tras más de un mes de parálisis, recusaciones cruzadas y un fuerte temblor interno en el Palacio de Justicia, el Tribunal Penal Colegiado determinó por escrito que la conjueza María Jimena Pina González debe continuar al frente del expediente.

La resolución fue dictada por el tribunal integrado por los jueces Carmen Magro, Mauricio Juan y Fernando Martínez, quienes luego de un cuarto intermedio dispuesto el último viernes, no hicieron lugar al planteo de recusación que había presentado la abogada querellante, María Elena Quintero. Pese a la ratificación de la magistrada, la querella ya adelantó su intención de agotar las instancias recursivas ante la Suprema Corte de Mendoza, una jugada que amenaza con seguir dilatando los plazos procesales.

Para justificar el rechazo, el triunvirato de magistrados concluyó que la querella no logró acreditar "actitudes o intereses particulares" por parte de Pina González (aspecto subjetivo), así como tampoco hechos objetivos en el procedimiento que justifiquen un "temor fundado" de parcialidad (aspecto objetivo). La defensa de la víctima había argumentado que la conjueza se encontraba condicionada políticamente debido a su condición de postulante interina a un cargo permanente, cuya estabilidad futura depende de estamentos políticos y legislativos ligados al entorno de D'Agostino.

Sin embargo, el tribunal desestimó de plano esta postura bajo dos premisas centrales. Por un lado, se remarcó la pérdida de poder institucional del imputado, quien renunció a su cargo en el Ejecutivo y a su asiento en el Consejo de la Magistratura inmediatamente después de ser denunciado, por lo que carece de herramientas de presión actuales. "La pretendida dependencia institucional se apoya en una premisa fáctica que el tiempo ha tornado inexistente", sentenció el tribunal. Por el otro, se destacó la complejidad del sistema de selección de magistrados en Mendoza, que funciona como un engranaje colegiado y multifacético donde intervienen universidades, abogados y legisladores, imposibilitando que un solo consejero determine de manera individual un nombramiento o la aprobación de un pliego en el Senado provincial.

Respecto al perfil de la magistrada que continuará investigando al exfuncionario, cabe recordar que María Jimena Pina González juró como conjueza el pasado 28 de mayo y, casi en paralelo, fue asignada a esta causa de alto voltaje político. Cuenta con un recorrido previo dentro del Poder Judicial entre 2013 y 2022, período tras el cual se volcó al ejercicio privado del derecho penal independiente antes de postularse nuevamente a la magistratura. Su entorno familiar y profesional está fuertemente arraigado a los tribunales locales: es hermana de Juan Manuel Pina González (juez del Tribunal Penal Colegiado Nº 2) y, en el plano de la actividad privada, ejerció como abogada defensora particular de la jueza Eleonora Arenas.

Para entender la trastienda de la resolución de este martes y cómo se llegó a este punto, es necesario desandar la intrincada cadena de inhibiciones y apartamientos que mantuvieron el expediente en vilo durante las últimas semanas. Originalmente, la instrucción recayó en la jueza Eleonora Arenas, quien fue recusada por la querella por una estrecha relación de amistad con D"Agostino. Arenas no llegó a resolver el fondo porque el Senado aprobó su pliego para ascender al Tribunal Penal Colegiado Nº 1, dejando la vacante que luego ocupó Pina González.

Para resolver la resistencia de la querella contra la nueva conjueza, se sorteó un tribunal inicial compuesto por Mauricio Juan, Eleonora Arenas y María Belén Salido. Este esquema estalló cuando la defensa de D'Agostino -presuntamente auxiliada por el juez Rafael Escot- filtró un chat privado de WhatsApp de un grupo de magistrados para forzar la inhibición de la jueza Salido. Posteriormente, la jueza Arenas también se apartó del tribunal aduciendo "violencia moral" por la fuerte presión mediática del caso. Detrás de su salida emergió un dato llamativo: hace dos años, Arenas había sido denunciada por su exesposo en una causa por presunta estafa, y para su defensa técnica contrató justamente a los abogados José Luis Pina González y a su hija, la actual conjueza Jimena Pina González.

Con el tribunal desmembrado, se realizaron nuevos sorteos de magistrados. El juez Juan Manuel Pina González salió sorteado en primera instancia pero se inhibió de inmediato por ser hermano de la recusada. Finalmente, las incorporaciones de Carmen Magro y Fernando Martínez completaron el triunvirato definitivo que terminó sepultando, al menos en esta instancia, las intenciones de la querella de cambiar la conducción de la investigación.