La Provincia de Mendoza cuenta desde ahora con una nueva herramienta legal para fortalecer el sistema de vivienda social. La Legislatura provincial sancionó la leyque modifica la normativa vigente y agiliza los procedimientos de recuperación de viviendas adjudicadas por el Instituto Provincial de la Vivienda cuando se detecten incumplimientos por parte de los beneficiarios.

La nueva ley introduce modificaciones a la Ley Nº 4203, habilitando al IPV a promover juicios de desalojo una vez que la desadjudicación se encuentre firme. También incorpora cambios en la Ley Nº 9001 y en el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario con el fin de agilizar los procedimientos de recupero de inmuebles y establecer la competencia de la Justicia de Paz Letrada para intervenir en estos trámites.

Desde el IPV destacaron que la medida busca proteger el carácter social de las viviendas construidas con fondos públicos y asegurar que los recursos del Estado beneficien efectivamente a familias que necesitan una solución habitacional.
En este sentido el presidente del IPV, Gustavo Cantero, señaló que "esta ley nos brinda una herramienta fundamental para actuar con mayor rapidez frente a situaciones de incumplimiento. No se trata solamente de recuperar una vivienda, sino de garantizar que las casas construidas con el esfuerzo de todos los mendocinos cumplan la función social para la que fueron creadas».

Más controles y auditorías

La sanción de la ley se complementa con el trabajo permanente de control que viene desarrollando el organismo.
Durante 2025, el IPV inició 658 expedientes vinculados a posibles incumplimientos. El 95% de los casos tuvo origen en situaciones de mora y el 5% restante en ocupaciones irregulares. En ese período se resolvieron 514 casosy se concretaron 18 desadjudicaciones.

En lo que va de 2026, el organismo inició otros 413 expedientes. El 90% corresponde a mora, el 7% a mora combinada con ocupación irregular y el 3% a ocupaciones irregulares. Ya se resolvieron 251 casos y se registran 28 viviendas desadjudicadas.
Mientras tanto, el Instituto continua realizando inspecciones, verificaciones y auditorías en toda la provincia para detectar incumplimientos y asegurar el correcto uso de las viviendas adjudicadas.