La causa que involucra al exsubsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino sumó un nuevo capítulo judicial. La querella presentó un pedido de exclusión probatoria y nulidad de actos procesales, al sostener que la defensa del exfuncionario habría utilizado información personal de la denunciante obtenida en causas anteriores.

D'Agostino está imputado por coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego de guerra. En paralelo, el expediente continúa acumulando presentaciones, recusaciones y planteos que mantienen en tensión el desarrollo del proceso.

La nueva presentación fue realizada por la abogada María Elena Quintero, representante de la querella. El planteo apunta contra el abogado defensor Eduardo De Oro, quien, según el escrito, patrocinó legalmente a la denunciante en una causa penal del año 2011.

La querella también mencionó a Ana María Felipetta, madre de De Oro, quien habría intervenido como abogada de la mujer en asuntos de familia. Según la presentación, ambos habrían tenido acceso a información sensible y reservada que ahora estaría siendo utilizada en contra de su exclienta.

Para la querella, ese accionar constituiría una "grave violación ética y legal", ya que el deber de guardar secreto profesional se mantiene incluso después de finalizada la relación entre abogado y cliente.

El escrito sostiene que un defensor no puede utilizar confidencias o información obtenida de un antiguo cliente para favorecer a la parte contraria en un proceso posterior.

La presentación también habla de una presunta "fuente contaminada" y reconstruye una cronología que, según la querella, demostraría irregularidades. Entre los puntos señalados figura el desarchivo de un expediente civil el 6 de marzo de 2026, antes de que existiera un pedido formal dentro de la causa actual.

Además, la querella afirmó que el 20 de abril de 2026, durante la declaración de la víctima, la defensa ya habría utilizado datos personales que no surgían del legajo. Recién el 22 de abril, según ese planteo, se solicitó formalmente el desarchivo del expediente que habría sido consultado previamente.

Quintero sostuvo que el conocimiento utilizado por la defensa no habría provenido de canales legales, sino del aprovechamiento de una relación profesional previa con la denunciante.

La presentación también cuestionó una presunta estrategia orientada a desplazar el foco de la investigación desde el imputado hacia la vida privada de la víctima. En ese marco, pidió suspender de manera urgente la citación del hijo menor de la denunciante, prevista para el 22 de junio.

El escrito también menciona al juez Rafael Escot, al señalar que habría entregado información reservada a la defensa y que, supuestamente, habría sido quien derivó en su momento a la denunciante al estudio de De Oro.

Ante ese escenario, la querella solicitó que se declare la nulidad de todos los actos procesales basados en la información cuestionada, incluidos interrogatorios y documentación incorporada al expediente de forma presuntamente irregular.

El planteo quedó incorporado a una causa que continúa sumando fojas y que permanece atravesada por una fuerte disputa judicial entre las partes.